El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), José Gregorio Afonso, exhortó a las autoridades policiales a respetar el derecho a la protesta. Los sectores laborales del país convocaron a una movilización nacional para el próximo jueves 12 de marzo. Esta jornada busca denunciar el estancamiento del salario mínimo, el cual suma cuatro años sin incrementos oficiales por parte del Ejecutivo Nacional.
Afonso destacó que la movilización partirá desde la Plaza Morelos con destino a la Asamblea Nacional. En la sede del Legislativo, los manifestantes entregarán un pliego con 17 exigencias fundamentales. El documento cuenta con el respaldo de más de 200 organizaciones sindicales y gremiales que demandan condiciones de vida dignas. El dirigente subrayó la importancia de que el Estado permita el libre tránsito de los trabajadores.
Derecho constitucional frente a la represión
El representante universitario enfatizó que el respeto a la manifestación pacífica define la veracidad del discurso oficial sobre un “nuevo momento político”. Afonso espera que los cuerpos de seguridad brinden las garantías necesarias para que la marcha culmine sin incidentes. “Lo primero que debería haber es que no exista represión alguna y que nos permitan ejercer el derecho constitucional”, afirmó el dirigente durante su encuentro con los medios.
Para el Magisterio, la reconciliación nacional depende directamente de la justicia social. Citando los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Afonso advirtió que no habrá paz mientras existan brechas económicas tan profundas. El docente condenó la coexistencia de sectores sumidos en la miseria junto a pequeñas burbujas de alto poder adquisitivo que no reflejan la realidad nacional.
Reconstrucción del salario y fin del fraude laboral
La dirigencia gremial insiste en que la recuperación del país inicia con la reconstrucción del salario básico. José Gregorio Afonso denunció que el Gobierno venezolano mantiene una política de bonificación que perjudica las prestaciones sociales. Según el vocero de la UCV, esta práctica representa un “fraude” para quienes generan la riqueza del país con su esfuerzo diario.
El dirigente aclaró que la agenda de los trabajadores es transparente y carece de intenciones conspirativas. Pidió a los funcionarios policiales no criminalizar el reclamo legítimo por el cumplimiento de la Constitución. La movilización del 12 de marzo será una acción combativa en términos de derechos, pero estrictamente apegada al orden público y a la legalidad vigente.
Fuentes consultadas: Punto de Corte, Redes Sociales de Ronaldo Díaz, Reportes de Prensa UCV.
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