El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció este jueves la suspensión de las actividades en el país de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la decisión de hacer una revisión integral en los próximos 30 días de la carta de entendimiento suscrita entre el Estado y este organismo.
El gobierno «solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las próximas 72 horas hasta tanto rectifique ante la comunidad internacional su actitud colonialista», notificó Gil en rueda de prensa.
El convenio estaba vigente desde 2019, resaltó.
Contra el mandatario Nicolás Maduro «han recurrido a todos los métodos posibles», acusó el funcionario. Venezuela ha respondido a los ataques con rechazo, pero también, diálogo, estimó.
El ministro recordó que, como Estado, decidieron iniciar una cooperación especial con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: «Venezuela es uno de los países de América Latina que más estrictamente cumple» con la defensa de los derechos humanos, opinó.
La Oficina tiene 13 funcionarios «y se le ha dado la mayor de las colaboraciones» sin restricciones «porque en Venezuela no tenemos nada que ocultar». Pero la Oficina ha sido instrumentalizada «como una caja de resonancia a escala internacional».
Gil afirmó que en la llamada Cuarta República hubo un historial de violaciones de derechos humanos. Aseguró que los venezolanos «fueron testigos y víctimas de un proceso de negación de sus derechos civiles, políticos y sus derechos humanos». Hubo «asesinatos, desapariciones, torturas, encarcelamientos injustos» como política de Estado que se inscribía en la Guerra Fría, denunció.
«La lista de asesinatos es interminable. Todavía estamos contando la cantidad de muertos y desaparecidos» de esos años, sostuvo. Rememoró el lanzamiento de personas vivas desde aeronaves, la persecución de los familiares, las torturas. Hizo alusión al Caracazo, y aseveró que todo ocurrió «bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional». Ningún país, alegó, «apoyó al pueblo de Venezuela».
Entre las décadas de 1960 y 1990 «el pueblo luchó solo, sin ninguna instancia internacional». La Constitución está inspirada en la defensa de los derechos humanos, al igual que las leyes, enfatizó.
Desde 1999 «el tema de los derechos humanos, en su nombre, han sido desarrolladas campañas en contra el gobierno bolivariano, el pueblo de Venezuela y sus movimientos sociales».
Gil consideró que se busca instaurar una política neocolonial de tutelaje. El Estado «da garantías totales a la protección de los derechos de las personas».
Información tomada de: Contrapunto
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