El padre del empresario Jaime Andrés Ruiz Salamanca denunció a la fiscal octava del Zulia, Mariangelis Araque Díaz, y a la abogada Rotceh Vegas Pineda por presuntamente exigir 10.000 dólares para “solucionar” el caso penal del detenido.
La acusación, presentada ante el fiscal general, detalla irregularidades en una inspección realizada el pasado 5 de junio en la empresa J&J Shield Armoring C.A., en Maracaibo.
Araque Díaz ordenó la detención de Ruiz Salamanca y confiscó 13 vehículos y dos embarcaciones sin orden judicial, según el denunciante.
La orden de aprehensión no estaba registrada en el Siipol, lo que levantó sospechas sobre su legalidad.
Irregularidades en la detención
La fiscal llegó a la empresa tras una denuncia penal por la compra de un inmueble, cuya disputa ya había sido resuelta en tribunales a favor de Ruiz Salamanca.
Durante la inspección, Araque Díaz mostró una orden de detención no notificada previamente a los cuerpos de seguridad, según el acta policial SIP-23-319-2025.
El padre del empresario señaló que la fiscal actuó sin fundamentos legales, afectando los derechos de propiedad de terceros al incautar bienes de clientes.
Oferta de “solución” por extorsión
El 23 de junio, Rotceh Vegas Pineda, vinculada a la fiscal, contactó a Ruiz Salamanca en el centro de detención.
La abogada propuso resolver el caso a cambio de 10.000 dólares, afirmando que coordinaría con Araque Díaz, quien “hacía lo que ella le indicara”. Vegas Pineda ofreció devolver una camioneta Ford F-150 como muestra de buena fe.
Mensajes de WhatsApp entre el 23 y 26 de junio, incluidos en la denuncia, confirman estas afirmaciones.
El padre del detenido exigió una investigación exhaustiva al fiscal general para esclarecer los hechos.
Llamado a la justicia
La denuncia expone presuntas irregularidades que afectan la transparencia del sistema judicial en el Zulia. El padre de Ruiz Salamanca solicita sanciones contra la fiscal y la abogada por extorsión y abuso de poder. Este caso pone en evidencia la necesidad de revisar los procedimientos fiscales para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos.
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