Familiares de Carlos Azuaje denunciaron que su proceso judicial en Barinas se realiza de manera arbitraria, tras la realización de una audiencia preliminar que se llevó a cabo después de más de 200 días de detención, incumpliendo el plazo legal de 45 días establecido por el debido proceso.
La jueza Francys Rendel y la fiscal María Gabriela Hidalgo, ambas del estado Barinas, parecen haber violado derechos fundamentales al emitir una decisión sin pruebas sólidas contra Azuaje, afirmaron familiares.
Condiciones indignas y violación del derecho a defensa
Asimismo, aseguraron que el proceso se realizó de forma telefónica en condiciones precarias. Además, afirman que la jueza, desde Caracas, informó que la videollamada sería solo para “verse las caras” y que la mayoría de la audiencia sería por llamada de voz.
También los familiares sostienen que la situación de Azuaje se agrava porque su abogado de confianza, Eduardo Torres, no solo fue impedido de juramentarse, sino que también fue detenido arbitrariamente hace más de dos meses, dejando a Azuaje sin representación legal. La falta de una defensa efectiva genera una situación de indefensión total.
Acusaciones infundadas y denuncia internacional
Carlos Azuaje enfrenta cargos como incitación al odio, conspiración y traición a la patria, sin que existan evidencias concretas que respalden dichas acusaciones.
Familiares declaran que la acusación de ofrecer entrevistas a medios internacionales y solicitar una intervención extranjera es totalmente falsa.
El activismo de Azuaje ha sido pacífico, democrático y enfocado en la vía electoral para buscar soluciones a la crisis venezolana.
La comunidad nacional e internacional debe denunciar esta violación a los derechos humanos y al debido proceso, que vulneran la libertad y dignidad del activista.
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