
Un Falcon del Ejército español voló en secreto a la frontera con Venezuela con el localizador apagado y sin lista de pasajeros. Lee la nota completa.
Un avión Dassault Falcon 900 del Ejército del Aire español protagonizó un polémico episodio tras volar hacia la frontera con Venezuela sin dejar rastro en los radares públicos.
La aeronave, perteneciente a la flota oficial del Gobierno de Pedro Sánchez, despegó desde Santo Domingo con destino a la ciudad de Cúcuta. Este trayecto internacional no figura en ninguna plataforma civil de seguimiento aéreo, lo que sugiere una desconexión deliberada del sistema de localización.
Documentación oficial obtenida por el Diario El Debate confirma la existencia de esta operación mediante una declaración general sellada por autoridades migratorias.
El formulario técnico detalla la identificación del aparato T-18-3 y los nombres de los militares encargados de pilotar la unidad. Sin embargo, el apartado destinado al manifiesto de pasajeros aparece completamente vacío, ocultando la identidad de quienes viajaron en la cabina.
Esta preocupante falta de transparencia coincide con otros vuelos del Ejecutivo donde también omitieron el registro de los ocupantes civiles. La cercanía del destino final con el territorio venezolano aumenta las sospechas sobre la naturaleza real de esta misión diplomática o política.
El despliegue de este Falcon T-18-3 en el Caribe ocurrió durante el mes de junio de 2023, bajo un marco de cooperación institucional. Oficialmente, la delegación española participaba en proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en diversas localidades colombianas.
Dichos programas abordaban temas de seguridad alimentaria, gobernabilidad e igualdad de género, financiados históricamente por el Estado español en la región suramericana. No obstante, el aterrizaje en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta no formaba parte del itinerario público compartido por el Gobierno.
Esta terminal aérea se sitúa a escasos 20 kilómetros de los principales pasos fronterizos con el país que lideró Nicolás Maduro. La ausencia de este vuelo en los rastreadores convencionales resulta sumamente llamativa para los expertos en aeronáutica militar y civil.
Otros desplazamientos realizados por el mismo avión en fechas cercanas sí aparecen reflejados con total normalidad en las bases de datos públicas. Esta selectividad en la visibilidad del trayecto refuerza la hipótesis de una operación diseñada para evitar el escrutinio de la opinión pública.
Incógnitas sobre el vuelo a la frontera y el silencio administrativo
Las autoridades españolas mantienen un hermetismo absoluto sobre los motivos que llevaron al Falcon oficial a aterrizar en la frontera con Venezuela. El documento técnico silencia tanto el tiempo de permanencia en tierra como el objetivo concreto de la escala en una zona tan sensible.
Fuentes del sector explican que las naves militares poseen la facultad de apagar sus transmisores por razones de seguridad o misiones especiales. Sin embargo, el uso de esta prerrogativa en un viaje presuntamente vinculado a la cooperación civil genera interrogantes legales y éticos profundos.
El vacío en el registro de pasajeros impide conocer si figuras políticas o intermediarios internacionales utilizaron el recurso público para gestiones privadas.
La coincidencia del vuelo con una etapa de alta tensión migratoria y política en el eje Cúcuta-Táchira otorga al suceso una relevancia geopolítica innegable. La sociedad civil y diversos sectores parlamentarios exigen ahora que el Ministerio de Defensa aclare quién ordenó el apagado del localizador ese día.
La falta de información sobre el trayecto a la frontera socava la confianza en los protocolos de transparencia del actual Ejecutivo nacional. El uso del Falcon ha sido objeto de críticas recurrentes, pero este episodio añade una capa de misterio por el destino elegido.
Los registros migratorios dominicanos son la única prueba física de un movimiento que el Gobierno español no quiso dejar por escrito internamente.
Resulta imperativo determinar si el avión transportó a funcionarios de alto rango o a personas ajenas a la administración pública en ese tramo. El silencio oficial solo alimenta las teorías sobre posibles contactos no declarados con representantes del entorno de Maduro en la línea limítrofe.
La fiscalización de los bienes del Estado exige una rendición de cuentas clara sobre cada hora de vuelo y cada litro de combustible invertido. Este caso pone de manifiesto la necesidad de endurecer los controles sobre el uso de aeronaves militares para fines que evaden el control ciudadano.
Invitamos a todos los interesados a leer la nota completa para conocer los detalles técnicos del formulario filtrado en el Diario El Debate
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