Abogados piden al Departamento de Justicia de Estados Unidos procesar a Maduro por tortura. El delito contempla cadena perpetua o pena de muerte en ese país.
Un grupo de juristas venezolanos en el exilio solicitó formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos una investigación contra Nicolás Maduro.
Los abogados fundamentan su petición en delitos de tortura, una falta que la legislación norteamericana castiga con severidad extrema.
Según el Estatuto Federal contra la Tortura, este crimen puede acarrear cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este último escenario aplicaría si los investigadores demuestran que las víctimas fallecieron debido a los abusos sufridos bajo custodia estatal.
La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero permitió activar esta jurisdicción especial de manera inmediata. La ley exige que el presunto torturador pise suelo estadounidense para que los fiscales federales puedan iniciar un proceso penal formal.
Los abogados Kelvi Zambrano, José Valderrama, Villcar Fernández y Julie Vanessa Siado lideran esta iniciativa jurídica sin precedentes en la historia contemporánea.
Ellos aseguran que la presencia del líder chavista en Nueva York cumple el requisito esencial para buscar justicia definitiva. El equipo legal entregó la solicitud el 4 de enero, apenas horas después del traslado del detenido.
Esta nueva acción judicial funciona de manera independiente al proceso por narcotráfico que ya enfrenta Maduro en una corte de Nueva York. Los expertos aclaran que el sistema procesal estadounidense impide añadir estos cargos graves a un expediente que ya está en curso.
Por esta razón, el Departamento de Justicia debe abrir un expediente totalmente nuevo para abordar las denuncias sobre violaciones de derechos fundamentales.
El fiscal federal asignado posee un margen de discrecionalidad muy amplio para decidir si procede con las indagaciones preliminares. La base legal de esta solicitud reside en el Título 18 del Código de Estados Unidos, específicamente en su sección 2340A.
Esta norma sanciona a cualquier persona que cometa o intente cometer actos de tortura fuera del territorio norteamericano. Si la conducta prohibida deriva en la muerte de la víctima, el castigo puede alcanzar la máxima pena prevista en la ley.
Zambrano sostiene que numerosos ciudadanos murieron en prisiones venezolanas tras sufrir maltratos sistemáticos por parte de agentes de seguridad del Estado. Estas muertes encajarían perfectamente en los supuestos agravados que contempla el estatuto federal vigente desde 1994.
El precedente legal para la cadena perpetua por tortura
El equipo legal se apoya en el caso de Michael Sang Correa como un antecedente clave para lograr la cadena perpetua. En 2025, un jurado de Colorado condenó a este exparamilitar de Gambia por torturas cometidas en su país de origen. Aquella sentencia marcó un hito histórico al aplicar el estatuto federal contra un extranjero por hechos ocurridos fuera de Estados Unidos.
Correa recibió una condena de 67 años de prisión, lo que demuestra que esta herramienta legal no tiene un carácter simbólico. Si el Departamento de Justicia avanza contra Maduro, él se convertiría en el primer exjefe de Estado procesado bajo esta norma.
A diferencia de la Corte Penal Internacional, el sistema estadounidense solo requiere probar un caso individual para dictar una sentencia. No hace falta demostrar que existió un ataque generalizado o sistemático contra la población civil durante años de gestión.
Basta con que una sola víctima presente pruebas contundentes de haber sufrido tormentos bajo el amparo de la autoridad oficial. Esta particularidad agiliza los tiempos procesales y enfoca la responsabilidad directamente sobre el ejecutor o quien dio las órdenes.
La solicitud cuenta con el respaldo de informes detallados emitidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas y la OEA. Estos documentos certifican patrones de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que ocurrieron en Venezuela bajo el mando de la administración chavista.
Simultáneamente, Argentina mantiene una causa abierta bajo el principio de jurisdicción universal para investigar crímenes de lesa humanidad en el país. Mientras Argentina puede procesar diversos delitos en ausencia, Estados Unidos requiere obligatoriamente que el acusado esté físicamente bajo su custodia territorial. Esta coincidencia de procesos legales aumenta la presión internacional sobre la figura de Maduro y su círculo más cercano de colaboradores.
El Departamento de Justicia no tiene un plazo fijo para responder a la petición, pero los abogados esperan un contacto pronto. Si los fiscales federales deciden actuar, el juicio por narcotráfico pasaría a un segundo plano ante la gravedad de los cargos por tortura. Maduro y su esposa, Cilia Flores, deberán comparecer nuevamente ante el tribunal de Nueva York el próximo 26 de marzo.
Información tomada de Tal Cual
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