Madrid, 4 de febrero de 2026 – El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez (PSOE), ha dado un paso histórico al aprobar la tramitación urgente de un Real Decreto que permitirá la regularización extraordinaria de cientos de miles de personas extranjeras en situación irregular que ya residen en el país. La medida, pactada con Podemos y apoyada por Sumar, podría beneficiar a más de 500.000 personas y representa la regularización más ambiciosa desde la de 2005 (que afectó a más de 570.000 personas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero).
¿A quiénes beneficia y cuáles son los requisitos principales?
Según el texto en fase de audiencia pública (publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y las explicaciones de la ministra Elma Saiz, podrán acogerse a esta regularización las personas que cumplan estos requisitos clave:
- Haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025.
- Acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud.
- Carecer de antecedentes penales relevantes (no tener condenas graves ni estar en procesos penales abiertos por delitos graves).
- En muchos casos, demostrar algún vínculo con la sociedad española (convivencia estable, arraigo social o laboral, o haber solicitado asilo antes de la fecha límite).
El permiso que se otorgará inicialmente será de residencia y trabajo por un año, renovable, y permitirá trabajar legalmente desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite (en un plazo máximo de 15 días). Tras la admisión, se suspenden automáticamente los expedientes de expulsión en curso.
Plazos y procedimiento
- Presentación de solicitudes: Se espera que el plazo se abra entre abril y principios de junio de 2026, con cierre el 30 de junio de 2026.
- Resolución: El Gobierno se ha comprometido a resolver las solicitudes en un plazo máximo de tres meses.
- Tramitación preferente: Se habilitarán oficinas específicas y procedimientos diferenciados para evitar colapso en las oficinas de extranjería.
El proceso se tramita por Real Decreto (sin necesidad de pasar por el Congreso para su convalidación), lo que ha permitido agilizar los tiempos y sortear posibles bloqueos parlamentarios.
Contexto y objetivos del Gobierno
El Ejecutivo defiende la medida como una herramienta para:
- Sacar del limbo legal a cientos de miles de personas que ya viven y trabajan en España (muchas en sectores esenciales como agricultura, hostelería, cuidados, construcción y economía sumergida).
- Reducir la explotación laboral y mejorar las condiciones salariales y de seguridad social.
- Favorecer la integración social y económica plena.
- Responder a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recogió más de 700.000 firmas y que fue impulsada por colectivos como Regularización Ya y organizaciones de migrantes.
La ministra Elma Saiz ha calificado el momento como “histórico” y ha subrayado que la medida no es una excepción: España ha aprobado siete regularizaciones extraordinarias en democracia.
Reacciones y controversia
La decisión ha generado una fuerte polarización:
- Apoyo: Partidos de izquierda, sindicatos, ONG de derechos humanos, iglesias y colectivos migrantes la celebran como un avance en derechos humanos y justicia social. Muchos destacan que la mayoría de beneficiarios provienen de América Latina (Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, etc.) y África subsahariana.
- Críticas: El Partido Popular (PP), Vox y sectores conservadores la califican de “premio a la ilegalidad” y alertan de un posible “efecto llamada” en un contexto europeo de endurecimiento migratorio (Suecia, Dinamarca, Países Bajos). Vox ha anunciado iniciativas en todas las instituciones para rechazar el decreto y exigir auditorías y repatriaciones.
- Preocupación administrativa: Sindicatos de funcionarios (como CSIF) advierten de saturación en oficinas de extranjería y piden refuerzo urgente de plantillas para evitar colapso.
A nivel internacional, medios como The New York Times y France 24 destacan el contraste con la tendencia global de restricción migratoria (especialmente tras las políticas de Donald Trump en EEUU).
Perspectiva
Si el Real Decreto se aprueba en segunda lectura en las próximas semanas y entra en vigor sin grandes modificaciones, España se convertirá —al menos temporalmente— en una excepción en Europa al apostar por una regularización masiva en un momento de endurecimiento generalizado. El éxito o fracaso de la medida dependerá de la capacidad administrativa para tramitar más de medio millón de expedientes en pocos meses y de sus efectos reales en el mercado laboral y la cohesión social.
Por ahora, abogados y asociaciones de migrantes ya registran un aluvión de consultas. La fase de audiencia pública sigue abierta y el texto definitivo podría incorporar ajustes antes de su aprobación definitiva.
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