Venezuela atraviesa un delicado proceso de transición política tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y la asunción interina de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. En este contexto, millones de venezolanos —independientemente de su militancia— aspiran a pasos reales hacia la reconciliación, la reconstrucción económica y el restablecimiento de la confianza en las instituciones. Sin embargo, el proceso abierto para renovar cargos del Poder Ciudadano genera alarma: entre los 61 postulantes al cargo de Defensor del Pueblo (lista publicada por la Asamblea Nacional el 16 de marzo de 2026, tras la renuncia de Alfredo Ruiz en febrero), destaca la postulación de Ernesto Villegas, actual ministro de Cultura y figura histórica del chavismo.
La Defensoría del Pueblo, según los artículos 280 al 283 de la Constitución, debe ser un órgano autónomo e imparcial, encargado de velar por los derechos humanos, recibir denuncias ciudadanas y ejercer contraloría sobre la actuación del Estado. En teoría —y en prácticas de democracias consolidadas—, este cargo se reserva para perfiles independientes, a menudo con mayor cercanía a la oposición o a la sociedad civil, para garantizar equilibrio y credibilidad. Nombrar a alguien con vínculos profundos al partido de gobierno contradice ese principio y envía una señal de continuidad institucional en lugar de cambio.
Un nuevo “independiente” por conveniencia
Ernesto Villegas formalizó su postulación y, recientemente (18 de marzo de 2026), anunció su renuncia a la militancia en el PSUV y al Movimiento Futuro. Él argumenta que esta desvinculación cumple con el requisito de independencia partidista y que su aspiración busca defender los derechos humanos con autonomía en el actual contexto político. Sin embargo, esa renuncia —un trámite formal para calificar— no borra una trayectoria de más de una década como figura orgánica del chavismo: fue ministro de Comunicación e Información en dos periodos (2012-2013 y 2016-2017), presidente de Venezolana de Televisión y otros roles clave en el aparato comunicacional oficial.
Durante sus gestiones en Comunicación, se mantuvo e intensificó la persecución contra periodistas críticos, sanciones administrativas a medios y el uso de RTV Resumen como herramienta de propaganda estatal. No hay registro público de que haya condenado abusos de autoridad contra la prensa o contra ciudadanos, ni de que haya lamentado cierres de emisoras o restricciones a la libertad de expresión. Desde la perspectiva de amplios sectores de la sociedad —especialmente la oposición y organizaciones de derechos humanos—, su historial lo posiciona más como defensor de los intereses del gobierno anterior que como garante imparcial de las víctimas de abusos estatales.
Repetición de errores
Si el Comité de Postulaciones y la Asamblea Nacional (aún controlada por el chavismo) lo seleccionan, repetiríamos el patrón que tanto daño hizo: “defensores” que blindaron a funcionarios cuestionados (como cuando Tarek William Saab, en su paso por la Defensoría, defendió a capa y espada a Tareck El Aissami y otros implicados en corrupción masiva). En lugar de proteger a familiares de presos políticos, a víctimas de represión o a miles de ciudadanos con casos judiciales pendientes, la institución seguiría siendo percibida como un escudo del poder.
Delcy Rodríguez tiene ante sí una oportunidad clara para marcar diferencia: nombrar —o impulsar— a un Defensor del Pueblo verdaderamente independiente o, por qué no, con trayectoria opositora o de sociedad civil. Figuras como Alfredo Romero (director de Foro Penal, con décadas defendiendo presos políticos) o Javier Tarazona (Fundaredes, voz contra violaciones de DDHH en fronteras y regiones) serían señales potentes de ruptura con el pasado. Eso generaría confianza en un pacto de convivencia real entre gobierno y oposición.
Una oportunidad para revitalizar la Defendería
Algunos analistas consideran que la Defensoría, en su forma actual, ha sido más un apéndice burocrático que una herramienta efectiva —capturada por el oficialismo y duplicada en funciones—. Eliminarla constitucionalmente no es viable de inmediato, pero sí es posible revitalizarla con un nombramiento que priorice la defensa genuina de los derechos ciudadanos por encima de lealtades partidistas. Soñar no cuesta nada. Y millones de venezolanos soñamos con una Venezuela donde las instituciones sirvan a todos, no a unos pocos. En esta transición, la elección del Defensor del Pueblo no es un detalle menor: es una prueba de si estamos ante un cambio real o ante más de lo mismo. Exijamos independencia, no simulacros.
Twitter: @SaverioVivas2 Correo electrónico: Gladmar@gmail.com
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