Enrique Ochoa Antich, activista por los derechos humanos, condena la expulsión de 238 venezolanos por parte del gobierno de Estados Unidos.
Considera esta acción un delito grave contra la población migrante.
“El Estatuto de Roma tipifica como crimen de lesa humanidad cualquier medida represiva que prive de libertad a venezolanos sin justificación”, afirma.
El defensor señala que las autoridades estadounidenses ignoran el debido proceso al deportar a estas personas. Añade que, si alguno pertenece al Tren de Aragua, merece un juicio justo en lugar de una expulsión arbitraria.
Ochoa Antich critica duramente la decisión y apunta a Donald Trump. “Contraviene una sentencia de un juez estadounidense”, sentencia el activista.
Explica que muchos venezolanos migran por la crisis generada tras décadas de malos gobiernos y por sanciones impulsadas por sectores radicales de la oposición.
Asegura que estas medidas agravan la situación de miles de familias. Por ello, insiste en que los opositores al gobierno venezolano deben rechazar con firmeza esta política de Estados Unidos.
Expulsión Ilegal: Un golpe a la justicia
El activista propone una acción concreta ante la expulsión masiva. “Los opositores deberíamos crear un comité contra las sanciones”, sugiere Ochoa Antich.
Argumenta que estas políticas no solo afectan al gobierno, sino que castigan a la población vulnerable. Destaca que la migración responde a una crisis multifactorial, no solo a la gestión oficialista. Su llamado busca unir voces disidentes para visibilizar el impacto de las medidas extranjeras.
Ochoa Antich subraya la necesidad de proteger los derechos de los migrantes. Insiste en que la expulsión sin proceso legal vulnera principios básicos de justicia.
Su postura refleja un rechazo a las sanciones y a las acciones que perjudican a venezolanos indefensos. “Debemos actuar con claridad y decisión”, concluye, abogando por una oposición responsable y solidaria.
Nota de Prensa
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