En la urbanización Prados del Este, municipio Baruta, Caracas, un grupo de vecinos, comerciantes y emprendedores ha denunciado un presunto entramado de irregularidades vinculado a la Asociación de Vecinos de Prados del Este (ASOPRAES). Según los remitentes, esta organización, cuya directiva lleva más de 25 años sin elecciones transparentes ni verificables, estaría involucrada en prácticas que generan desconfianza en la comunidad.
Los denunciantes señalan a Kiomara Scovino como la figura central de las acusaciones, quien, según los vecinos, lideraría un presunto esquema que incluye cobros irregulares en la redoma conocida como el “Mercado de Corotos”, así como presiones a quienes cuestionan su gestión. Los afectados han presentado denuncias ante la Sindicatura Municipal de Baruta y el Ministerio Público, alegando cobros arbitrarios, tasas cambiarias poco claras y falta de información sobre el destino de los fondos recaudados.
Frustración vecinal y búsqueda de soluciones
Un comerciante, cuya identidad se reserva, expresó: “Nunca sabemos a dónde va ese dinero”, reflejando el malestar general. Ante esta situación, los vecinos han impulsado la creación de un Consejo Comunal con el objetivo de recuperar la transparencia y la gobernanza en la urbanización.
Los documentos referidos por los denunciantes, enviados por la Sindicatura Municipal al Ministerio Público el 09 de abril de 2025, describen un supuesto patrón de irregularidades financieras. Entre las quejas más frecuentes, los proveedores del Mercado Municipal de Prados del Este destacan la exigencia de un “pago diario” por parte de ASOPRAES, independientemente de su asistencia al mercado.
Cobros cuestionados y falta de claridad
Además, los comerciantes señalan una política de cambio monetario confusa, donde ASOPRAES aplica la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) no al momento del pago, sino en una fecha posterior, generando incertidumbre sobre los montos. También se reporta un depósito inicial de USD $60 para nuevos proveedores, sin justificación clara, y variaciones en los cobros que oscilan entre USD $10, USD $20 y hasta USD $80, sin un criterio transparente.
Los afectados enfatizan que desconocen el destino de los fondos recaudados, lo que, según el oficio de la Sindicatura Municipal, genera desconfianza. La normativa municipal establece que la Alcaldía de Baruta, a través del Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), es la única autorizada para otorgar permisos y cobrar tasas en mercados a cielo abierto, con una tarifa equivalente a 15 veces el tipo de cambio oficial del BCV, pagadera directamente al SEMAT.
Presuntas irregularidades y conflictos
Los vecinos de Padros del Este sugieren que ASOPRAES podría estar asumiendo funciones que no le corresponden, desviando ingresos que deberían destinarse al municipio. Además, denuncian un presunto patrón de acoso y amedrentamiento hacia comerciantes y emprendedores, que no solo afecta a los vendedores del mercado, sino también a proyectos en terrenos privados.
Un vecino, que prefirió el anonimato por temor a represalias, afirmó que ASOPRAES, bajo la dirección de Scovino, habría impedido la construcción de un Farmatodo en un terreno privado, a pesar de contar con los permisos necesarios. Otro comerciante, con años de trayectoria en la zona y cuya identidad también se preserva, calificó la situación como “lamentable”, señalando que la asociación obstaculiza iniciativas comerciales sin considerar su aporte a la comunidad.
Impacto en el comercio y la comunidad
La “calle El Comercio”, según los denunciantes, ha sido históricamente un espacio para emprendedores, y la urbanización requiere servicios como farmacias y comercios para la comodidad de los vecinos. Sin embargo, los remitentes aseguran que ASOPRAES ha generado un ambiente hostil que desalienta a cadenas comerciales interesadas en invertir en la zona.
Ana María Rodríguez, vecina de Prados del Este, corroboró que la directiva de ASOPRAES ha frenado actividades económicas legales, como la apertura del restaurante Mía y una licorería, a pesar de que estos negocios cuentan con permisos y pagan tributos al SEMAT. Rodríguez afirmó que las trabas no provienen de la asociación como institución, sino de decisiones personales de Scovino, quien, según ella, utiliza el nombre de ASOPRAES para imponer restricciones.
Preocupaciones sobre la gestión vecinal
Otro residente, que también solicitó anonimato, señaló que la directiva de ASOPRAES busca perpetuarse en el poder, acusándola de obstaculizar iniciativas vecinales para mantener un control opaco. Los denunciantes coinciden en que estas prácticas contrastan con la necesidad de la comunidad de contar con espacios culturales y comerciales.
Rodríguez destacó que Scovino habría desacreditado a comerciantes de negocios como PradoLicor, el restaurante Mía, la panadería Yaya y al propietario del terreno donde se planeaba el Farmatodo. Los remitentes concluyen que estas acciones reflejan un ejercicio de poder individual que afecta el desarrollo y la convivencia en Prados del Este.
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