El Gobierno de Ecuador activó este sábado todos los protocolos de seguridad ante un informe de inteligencia que revela posibles atentados terroristas contra el presidente Daniel Noboa y su Gabinete. El Ministerio de Gobierno, mediante un comunicado en redes sociales, confirmó la autenticidad de un documento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, filtrado el viernes, que detalla la llegada de sicarios desde México y otros países para ejecutar ataques contra el mandatario y su equipo. Estas amenazas surgen tras las elecciones del domingo pasado, donde Noboa derrotó a Luisa González, candidata correísta que denuncia un supuesto fraude, desmentido por observadores internacionales.
El Ejecutivo condenó cualquier intento de magnicidio y acciones violentas, catalogándolas como esfuerzos de grupos criminales y sectores políticos derrotados para desestabilizar la democracia. Noboa, actualmente en Florida por asuntos personales, regresará el martes. Ecuador, bajo un conflicto armado interno desde 2024, enfrenta una ola de violencia sin precedentes, con un promedio de un asesinato por hora en 2025.
Refuerzo de seguridad por amenazas
El informe militar también advierte sobre posibles atentados contra puentes, bancos e instituciones estatales, además de planes para incitar manifestaciones violentas. Las Fuerzas Armadas recomendaron fortalecer la protección del presidente, ministros y autoridades militares. En respuesta, el Gobierno aseguró que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia trabajan coordinadamente para neutralizar cualquier amenaza. El Ministerio de Gobierno calificó estas acciones como intentos de imponer el caos mediante el miedo y el terror, reafirmando su compromiso de combatir a las organizaciones criminales con toda la fuerza del Estado.
Lucha contra el crimen organizado
Ecuador enfrenta una escalada de violencia liderada por bandas criminales, a las que Noboa declaró “terroristas” en 2024. Estas organizaciones están detrás del aumento de homicidios, que en 2023 posicionó al país como el más violento de Latinoamérica. En 2025, la situación empeoró, con asesinatos de autoridades locales, fiscales y políticos, como Fernando Villavicencio. El Gobierno prometió una respuesta contundente: “Prevaleceremos y pondremos de rodillas a cada criminal”, afirmó, destacando su determinación para proteger la soberanía y el Estado de derecho.
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