14 julio, 2024

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Discurso de odio, un problema en Venezuela que se exacerba en tiempos electorales

18 de junio se conmemora el Día Para Contrarrestar el Discurso de Odio. La ley vigente, a juicio de la abogada y defensora Tamara Adrián.
Discurso de odio, un problema en Venezuela que se exacerba en tiempos electorales

Este 18 de junio se conmemora el Día Para Contrarrestar el Discurso de Odio. La ley vigente, a juicio de la abogada y defensora Tamara Adrián, se ha utilizado para perseguir a la oposición. En el ambiente electoral venezolano «se ha querido desvalorizar a los candidatos y los adversarios en razón de la orientación sexual real o presunta», recuerda la abogada y activista Richelle Briceño

«Mujer tenías que ser». «Los negros, si no lo hacen a la entrada, lo hacen a la salida». «Hitler tenía razón». «Todos los gay son promiscuos». «Voy por ti». El odio sigue estando presente en el mundo, hasta el punto de que Naciones Unidas lo califica como pandemia y proclamó el 18 de junio como Día Para Contrarrestar el Discurso de Odio, que se conmemoró por primera vez en el año 2022.

Naciones Unidas considera el discurso de odio como «cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita, —o también comportamiento— , que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son, en otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad».

Un discurso de odio «es el que instrumenta un prejuicio y lo exacerba con la finalidad de motivar una acción u omisión en contra de un grupo de personas por raza, religión, condición de salud, orientación sexual, identidad de género o por cualquier condición que lleve a un prejuicio social», precisa Tamara Adrián, abogada, profesora universitaria y defensora de derechos humanos. «El discurso de odio instrumenta el prejuicio y llama a una acción violenta, contra los derechos de una población o para negar el acceso de una población a sus derechos».

La acción discursiva destinada a denigrar y atacar por orientación sexual, identidad de género, raza y sexo es un problema en Venezuela, y no de hoy, aclara Richelle Briceño, abogada, defensora de derechos humanos y activista. «Es un problema de décadas; solo que hoy hemos tenido la oportunidad de reflexionar, analizar la situación de estos discursos. Pareciera que están tan naturalizados, que quienes ejercen la política no se percatan de ello. Esto va de la mano de una falta de formación, falta de sensibilización y falta de conocimiento sobre lo que implica un discurso de odio hacia población en situación de vulnerabilidad».

El discurso de odio, reitera, «es una realidad en Venezuela», visible en pronunciamientos públicos, redes sociales, algunos medios de comunicación.

Deshumanizar a los seres humanos puede ser el paso previo para la violencia física. «Lo que una persona ve como un chiste, como una simple algarabía, definitivamente puede tener consecuencias nefastas para una población, porque puede ir desde actos discriminatorios, agresiones, violaciones a las libertades individuales, asesinatos», alerta. Y remite al ejemplo de Hitler en Alemania. «La palabra es muy poderosa, y en política, más, porque en política las palabras son actos, y los hechos consagran las palabras».

Lasa consecuencias del odio discursivo son terribles, asevera Adrián, porque «llevaron al Holocausto, causaron miles de muertes en muchas guerras, violación de derechos, negación de oportunidades, exclusiones sociales y culturales». Con el ejemplo fresco de una visita reciente, Adrián habla sobre Sarajevo, ciudad asediada por cuatro años durante la guerra de Bosnia. «El discurso de odio exacerba los conflictos», resalta.

Por las ideas y por la orientación sexual

¿Hay discurso de odio en Venezuela? «No tienes sino que abrir las redes sociales, aunque Twitterzuela o Xzuela no es Venezuela. La gente se queda desprotegida por el anonimato de las redes», ilustra Tamara Adrián. El que esgrime un particular debería ser sancionado en un estado de derecho que realmente funcione, «pero lo que genera persecuciones, masacres y genocidios son los discursos de odio institucionales u organizados».

Los discursos de odio más comunes en Venezuela, expone, son los relacionados con ideología política, orientación sexual e identidad de género y feminismo. Población Lgbti, mujeres y defensores de derechos humanos son el blanco, describe Briceño. «A las mujeres que defienden el aborto las llaman asesinas, a las feministas las llaman feminazis. Cuando se trata de la población Lgbti está todo el discurso de aberrados, enfermos, que van a acabar con la raza humana».

Desde el año 2017 Venezuela tiene la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que Adrián no duda en calificar como mamotreto y que «se ha usado única y exclusivamente para ir en contra de los opositores políticos».

La norma tiene 25 artículos, y cinco de ellos recogen las responsabilidades, delitos y sanciones. La promoción o incitación al odio se sanciona con cárcel de 10 a 20 años. Los medios radioeléctricos que difundan el odio se exponen al retiro de la concesión, y los medios digitales deberán pagar multa y serán objeto de bloqueo. Con prisión de ocho a 10 años se castiga a los funcionarios que no intervengan para impedir un delito de odio, y al personal de salud que no atienda a una persona por razones de odio.

No obstante, los poderes públicos «no están actuando», indica Adrián, ante expresiones como el llamar aberrada a la población LGBT, o equipararla con la pedofilia.

¿Odio en campaña?

En el ambiente electoral venezolano «se ha querido desvalorizar a los candidatos y los adversarios en razón de la orientación sexual real o presunta», recuerda Richelle Briceño. «Se ha querido atacar al adversario intentando posicionar en el imaginario colectivo que ser una persona Lgbti es una desgracia, y la hace no meritoria para ocupar determinados cargos». También es una realidad el discurso de odio contra las mujeres «de toda la vida», pero en este momento «nos hemos llenado de más valor para denunciarlo».

La activista cita declaraciones recientes del fiscal Tarek William Saab sobre la familia; también, «el lenguaje peyorativo y discriminatorio que se ha usado contra María Corina Machado y Delsa Solórzano, a quienes se les ha tildado como locas, la sayona, histérica. ‘No te vistas que no vas’, ‘no importa lo que hagas’». Esto también «conforma un discurso de odio contra un grupo de mujeres que son atacadas desde la irracionalidad. Y como se carece de argumentos, se intenta desvalorizarlas, humillarlas, atacar su autoestima y hacer mella en el imaginario colectivo de la sociedad. En quienes ven en ellas un liderazgo sólido».

En un año electoral en Venezuela, en los meses de precampaña «he podido observar situaciones reñidas con lo que debería ser una campaña política ética», señala Adrián. Para aplicar correctivos en la campaña, la abogada toma el ejemplo de otros países, como la acción en. México para impedir discursos de odio contra la población LGBT, y la decisión en Ecuador de inhabilitar a un candidato por atacar a una persona trans. Sin embargo, insiste en que el poder hay que ejercerlo con cautela, para que no sea una espada de Damocles contra la oposición.

Para ella es evidente que el país está ajeno a los asuntos del siglo XXI, como «el desarrollo con inclusión, las metas del desarrollo sustentable». La falta de políticas públicas ha hecho que Venezuela se quede atrás «y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Hoy, chistes por razones de raza o discapacidad son inaceptables en cualquier contexto público o privado» pero en Venezuela se utilizan.

«La religión la toman como excusa aquellos que previamente o son racistas o son xenófobos, o son misóginos o son homófobos, y encuentran algo para justificar. En todas las religiones hay personas tolerantes e intolerantes. No es un problema de religiones, sino de personas intolerantes; es cómodo usar la religión porque, a diferencia de las ideas, no las combates con argumentos racionales», cuestiona Adrián.

Venezuela, apunta Briceño, necesita educación y formación. Pero también, que el CNE y la Defensoría del Pueblo «estén muy atentos a los discursos que emanan de las distintas autoridades del país. De las figuras públicas que continuamente están incidiendo en este delito». Hace falta sensibilización, información y conocimiento, insiste, y que las figuras públicas entiendan. «Que cualquier palabra que dicen tiene una incidencia directa en el imaginario colectivo de esta sociedad».

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