El destructor estadounidense USS Gravely zarpó de Trinidad y Tobago con destino desconocido este jueves 30 de octubre.
La partida del buque se da en un contexto de intensa escalada diplomática y militar que involucra a Caracas y Puerto España.
Oficialmente, la embarcación terminaba sus ejercicios militares con la nación insular, prácticas enfocadas en la lucha contra el crimen transnacional.
Sin embargo, su presencia desató una serie de hechos y declaraciones que elevaron la tensión regional a niveles críticos. El Gobierno venezolano de Nicolás Maduro reaccionó con dureza ante la colaboración militar, generando un conflicto de alto impacto en el Caribe.
Este suceso marca un punto álgido en las relaciones bilaterales y regionales, con consecuencias directas para diversos acuerdos y ciudadanos. La preocupación por una posible escalada en el Caribe permanece latente tras la salida del buque.
El conflicto se agudizó el domingo 26 de octubre, cuando Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, lanzó fuertes acusaciones contra Trinidad y Tobago.
Delcy Rodríguez afirmó que la nación trinitaria colaboraba con Estados Unidos para preparar una “guerra en todo el Caribe”. En una declaración contundente, señaló que el gobierno trinitario renunció a su soberanía. Ella caracterizó el territorio como una “colonia militar” subordinada a los intereses hegemónicos estadounidenses.
Además, aseguró que Trinidad y Tobago funciona como un “portaaviones” de Estados Unidos. Según la vicepresidenta, el objetivo de la operación es la guerra contra Venezuela, Colombia y toda Suramérica.
La grave denuncia venezolana marcó el inicio de una espiral de acciones y reacciones. El gobierno de Trinidad y Tobago intentó explicar la presencia del buque. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado sobre la cooperación de seguridad.
Venezuela responde a la presencia del USS Gravely
El comunicado trinitario del mismo domingo 26 de octubre explicó que el buque norteamericano desarrollaría la resiliencia mediante entrenamiento y actividades humanitarias.
También buscaba fortalecer la cooperación en seguridad y la “asociación de larga data” entre ambos países.
Pese a esta explicación, las autoridades venezolanas mantuvieron su postura de alerta máxima.
El lunes 27 de octubre, Yván Gil, canciller venezolano del gobierno de Nicolás Maduro, denunció una presunta “operación de falsa bandera dirigida por la CIA”.
Gil informó que esta operación planeaba atacar un buque militar estadounidense en la isla. El objetivo de la acción era culpar a Venezuela para justificar una agresión contra el país caribeño.
La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, intensificó la presión. Ella solicitó al presidente Nicolás Maduro suspender todos los acuerdos gasíferos existentes con Trinidad y Tobago.
Rodríguez justificó su petición citando las “acciones guerreristas” de la primera ministra trinitaria.
El presidente Nicolás Maduro atendió la solicitud de su ministra de manera inmediata. Maduro autorizó la “suspensión inmediata” de todos los acuerdos bilaterales de gas. Él sentenció la acción con la frase: “Suspendido todo”.
La tensión diplomática tuvo repercusiones humanitarias directas y lamentables
Trinidad y Tobago ordenó deportar a 200 migrantes venezolanos. Esta decisión provino de órdenes directas de la primera ministra del país, Kamla Persad-Bissessar.
La Asamblea Nacional (AN) venezolana tomó una medida drástica el pasado martes 28 de octubre.
El parlamento declaró persona “non grata” a Kamla Persad-Bissessar. La AN condenó su “postura guerrerista” por permitir el despliegue de USS Gravely en su país. También criticó fuertemente la decisión de deportar masivamente a los 200 ciudadanos venezolanos. La escalada de acciones recíprocas demuestra la gravedad de la crisis.
Con información de AFP
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