El régimen cubano denunció que el gobierno de Estados Unidos pone en riesgo la salud de más de 32.000 mujeres embarazadas en la isla, como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo energético y la escasez crónica de combustible que afecta al país desde inicios de 2026.
Según un comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) difundido el 16 de febrero de 2026 a través del diario estatal Granma, aproximadamente 32.880 gestantes enfrentan “riesgos adicionales, amenazas y limitaciones” en su atención médica debido a las restricciones impuestas por Washington al suministro de petróleo y derivados a Cuba. La Habana atribuye directamente esta situación al endurecimiento de las sanciones durante la administración de Donald Trump, que incluye amenazas arancelarias a terceros países que exporten combustible a la isla.
El MINSAP detalló que la crisis energética genera cortes prolongados de electricidad y combustible, lo que impacta gravemente en los servicios de salud materno-infantil. Entre las principales afectaciones mencionadas se encuentran:
- Dificultades para realizar ultrasonidos obstétricos de seguimiento del bienestar fetal y estudios genéticos.
- Retrasos en el diagnóstico oportuno de malformaciones congénitas.
- Limitaciones en la movilidad de brigadas médicas y ambulancias para traslados de emergencia.
- Problemas en la atención a casos de morbilidad materna grave y en el seguimiento posparto.
Las autoridades cubanas enfatizaron que estas limitaciones no solo afectan a las embarazadas, sino también a recién nacidos, niños pequeños, pacientes oncológicos, diabéticos y personas programadas para cirugías, elevando el riesgo general de mortalidad materna e infantil en un sistema de salud que ya enfrenta décadas de precariedad.
La denuncia se produce en medio de una de las peores crisis energéticas de los últimos años en Cuba, agravada por la reducción drástica de envíos de petróleo desde Venezuela (afectada por conflictos internos y sanciones internacionales), la falta de financiamiento para importaciones y el impacto de las medidas unilaterales de EEUU. El gobierno cubano califica estas acciones como una violación del “derecho a la vida” y exige el cese inmediato del “bloqueo petrolero”.
Organizaciones internacionales y observadores independientes han señalado que la crisis en Cuba es multifactorial: combina el embargo estadounidense de larga data con décadas de mala gestión económica interna, corrupción, falta de inversión en infraestructura y dependencia extrema de importaciones energéticas. Sin embargo, el régimen insiste en que el principal obstáculo es el bloqueo, que —según sus cálculos— ha costado miles de millones de dólares al país.
La nota oficial del MINSAP concluye con un llamado internacional: “¡No se debe bloquear el derecho a la vida!”. Mientras tanto, miles de cubanos continúan reportando apagones diarios de hasta 20 horas, colas interminables para gasolina y un deterioro visible en hospitales y policlínicos, lo que genera creciente descontento popular en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla.-
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