La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a Venezuela internacionalmente responsable por violaciones de derechos humanos contra Jorge Rojas Riera. El ciudadano sufrió una detención ilegal en 2003 durante una protesta pacífica en la Plaza Francia de Altamira.
Posteriormente, los agentes de seguridad lo sometieron a torturas en el centro de detención El Helicoide. Ante esta situación, el tribunal ordenó el cierre definitivo de dicho recinto carcelario ubicado en Caracas.
La sentencia establece que funcionarios de la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención arrestaron ilegalmente a Rojas Riera. Los custodios lo golpearon, amenazaron con violencia sexual y ejecutaron simulacros de ejecución.
La Corte determinó que el Estado nunca investigó estos abusos físicos. Esta decisión coincide con las denuncias de diversas ONG que exigen el cese de los maltratos contra las presas políticas y demás detenidos en el país.
Los magistrados concluyeron que recluir personas en sedes de agencias de inteligencia genera un riesgo grave para la integridad personal.
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