Un grupo de congresistas republicanos de origen cubano en Florida intensificó su presión sobre la administración de Donald Trump para endurecer las sanciones contra el régimen cubano, exigiendo una revisión exhaustiva e inmediata de todas las licencias que permiten a compañías estadounidenses realizar transacciones con la isla.
Los legisladores María Elvira Salazar (FL-27), Mario Díaz-Balart (FL-26) y Carlos A. Giménez (FL-28) enviaron una carta conjunta a los Departamentos del Tesoro y de Comercio de EE.UU., dirigida específicamente a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y al Buró de Industria y Seguridad (BIS). En el documento, fechado el 10 de febrero de 2026, demandan:
- Una revisión completa de todas las licencias activas que involucren al Gobierno cubano o entidades controladas por el régimen.
- La revocación inmediata de cualquier permiso que proporcione beneficios financieros o materiales —directos o indirectos— a empresas estatales cubanas.
- Un endurecimiento del escrutinio para futuras solicitudes de licencias relacionadas con Cuba, designada por Washington como Patrocinador Estatal del Terrorismo.
Los congresistas argumentan que las licencias actuales socavan las sanciones estadounidenses y violan el espíritu de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba (conocida como Ley Helms-Burton de 1996), cuyo objetivo es negar recursos económicos al régimen hasta que se produzca un cambio democrático real.
La rueda de prensa
La presión se intensificó el 17 de febrero de 2026 durante una rueda de prensa en el Puerto de Miami, donde el congresista Carlos A. Giménez —acompañado por líderes del exilio cubano como José Daniel Ferrer, Rosa María Payá y Orlando Gutiérrez— denunció que algunas empresas estadounidenses autorizadas envían artículos de lujo a Cuba, como vehículos Ferrari, motos acuáticas (jet skis), jacuzzis y otros bienes de alto consumo. Según Giménez, estos envíos no califican como ayuda humanitaria y terminan beneficiando al “mecanismo de represión” del régimen.
“Cada dólar que mandamos a Cuba ayuda al mecanismo de represión del régimen”, afirmó Giménez. Agregó que, mientras se envían bienes humanitarios legítimos, también se autorizan productos de lujo que “hacen a Estados Unidos cómplice de la opresión en Cuba”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de autoridades locales en el sur de Florida, incluyendo al recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, quien ha identificado casos específicos de exportaciones no humanitarias. Los congresistas insisten en que estas prácticas contradicen la política de “máxima presión” de Trump contra el régimen cubano y sus aliados, como Venezuela.
La carta y la conferencia de prensa forman parte de una ofensiva más amplia de la delegación cubanoestadounidense en el Congreso, que busca cerrar cualquier “válvula” de ingresos al gobierno de La Habana —incluyendo vuelos comerciales, remesas y envíos de petróleo de terceros países— en un contexto de creciente crisis en la isla y expectativas de mayor aislamiento internacional.
Opiniones de expertos
Expertos en sanciones señalan que, de prosperar la petición, podría reducir significativamente cualquier flujo comercial residual autorizado entre EE.UU. y Cuba, reforzando el embargo vigente desde hace décadas. Por ahora, la administración Trump ha mostrado disposición a endurecer medidas contra el régimen, aunque aún no ha respondido públicamente a la carta de los congresistas.
El llamado refleja la determinación de la comunidad cubanoamericana en Florida por mantener una línea dura: “El tiempo para Cuba es ahora”, como han reiterado varios líderes en las últimas semanas.-
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