La organización Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento presentó hoy su más reciente informe titulado “El Argos dormido. Responsabilidad de la Defensoría del Pueblo en la situación de violación a derechos humanos en Venezuela”, un documento que expone con detalle el rol omisivo, inoperante y políticamente alineado de la Defensoría del Pueblo frente a la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Nombrado en referencia al centinela de cien ojos de la mitología griega, el informe plantea que la Defensoría venezolana ha cerrado los ojos frente a la tortura, las desapariciones forzadas, la represión y las detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos años. En particular, señala la responsabilidad directa de su actual titular, Alfredo Ruiz, designado por una instancia ilegítima y con un historial de alineación al poder político.
“Estamos ante una institución que ha traicionado su mandato constitucional y se ha convertido en parte del problema, no de la solución”, alertó la organización autora del informe.
📉 Principales hallazgos:
– Más de 1.225 víctimas de tortura y al menos 40 muertes por malos tratos entre 2018 y 2024, sin acciones visibles de la Defensoría.
– Silencio institucional ante crímenes de lesa humanidad denunciados ante la Corte Penal Internacional.
– Degradación del estatus internacional de la Defensoría por parte de GANHRI, de categoría “A” a “B”, debido a su falta de independencia.
– Nepotismo y opacidad interna, en contravención a leyes nacionales y estándares internacionales.
– Testimonios de víctimas y familiares que denuncian trabas burocráticas, intimidación y nula respuesta oficial.
⚖️ Responsabilidades y urgencias
El informe advierte que la omisión de funciones por parte de la Defensoría podría implicar responsabilidad penal y administrativa conforme a la legislación venezolana. Propone, además, una hoja de ruta para reconstruir esta institución en un futuro proceso de transición democrática.
📢 Recomendaciones
Entre las recomendaciones clave destacan:
A la sociedad civil: documentar la inacción institucional y exigir reformas.
Para la comunidad internacional: mantener la presión diplomática y visibilizar el rol cómplice de la DP.
A un futuro gobierno democrático: reformar la Ley Orgánica de la Defensoría, realizar auditorías de gestiones pasadas y garantizar procesos de selección independientes y transparentes.
El informe completo puede descargarse en:
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