La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado su informe titulado “Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral”. En este revelador documento, la CIDH describe en tres fases la estrategia represiva del régimen de Nicolás Maduro para impedir la participación política de la oposición y asegurar su permanencia en el poder. Durante el período preelectoral, se utilizaron instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para obstaculizar el proceso electoral.
Violaciones en el contexto electoral
El informe señala que el régimen chavista detuvo arbitrariamente a opositores, defensores de derechos humanos y líderes sociales, además de intimidar e inhabilitar a líderes de la oposición. La CIDH denuncia que estas acciones formaron parte de una estrategia para desalentar la participación política y asegurar la continuidad del régimen.
Fraude electoral y represión
En la fase de las elecciones del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la transmisión de los resultados y no publicó las actas de votación que respaldaban la victoria de Maduro, lo que generó graves acusaciones de fraude. La oposición, anticipando esta trampa, organizó una red de testigos que recopiló más del 80% de las actas nacionales, demostrando que Edmundo González Urrutia ganó la elección.
Represión postelectoral
Posterior a las elecciones, la CIDH documenta una tercera fase de represión con el aumento de la violencia contra las protestas por el fraude electoral. La Comisión menciona la ‘Operación Tun Tun’, que causó al menos 25 muertes, más de 2 mil detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos. Además, se realizaron allanamientos sin órdenes judiciales y detenciones masivas, evidenciando un patrón de violencia sistemática contra manifestantes.
La CIDH concluye que las violaciones documentadas y las prácticas de terrorismo de Estado son resultado directo de la cooptación de las instituciones por parte del Poder Ejecutivo, la corrupción y el control de los poderes públicos, lo cual ha permitido al régimen actuar con impunidad. Por estas razones, la CIDH considera que la reelección de Nicolás Maduro no goza de legitimidad democrática debido a las alteraciones del orden constitucional y las restricciones a los derechos políticos observadas durante el proceso electoral.
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