La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió la liberación inmediata e incondicional de los miembros y exmiembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) privados de libertad en Venezuela. El organismo internacional manifiesta profunda preocupación por las aprehensiones impulsadas por motivos políticos y procesadas en la jurisdicción penal militar.
El organismo multilateral manifiesta solidaridad con los familiares de los arrestados, quienes denuncian incomunicación constante. La organización Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza al menos 196 integrantes y exintegrantes de la FANB y cuerpos policiales aprehendidos por razones políticas. De ese grupo total, 165 prestaban servicio activo y 31 estaban retirados al instante de su arresto.
En contraste, el Foro Penal registra 144 militares dentro de un universo general de 344 personas consideradas presas políticas. Esta disparidad de datos demuestra la falta de informes oficiales con estándares de transparencia en la nación sudamericana.
Medidas cautelares y excarcelaciones parciales
La comisión internacional recuerda la excarcelación condicional de cinco uniformados del Centro de Procesados Militares de Ramo Verde en agosto. Sin embargo, sus juicios continúan abiertos bajo medidas cautelares como régimen de presentación periódica y prohibición de salida.
El ente internacional señala a la Dirección General de Contrainteligencia Militar y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional como principales organismos ejecutores. La acusación recurrente abarca delitos como conspiración y rebelión civil, imputados sin la existencia de manifestaciones.
Riesgo vital y limitaciones de amnistía
La CIDH advierte sobre el grave riesgo que corren los detenidos en centros de reclusión militares. Las denuncias recopiladas confirman muertes bajo custodia estatal, hacinamiento extremo y falta de asistencia médica adecuada. Justicia, Encuentro y Perdón reporta el deceso de seis personas bajo custodia. El Foro Penal contabiliza cuatro fallecimientos recientes.
Desde 2019, el organismo hemisférico otorgó medidas cautelares a las personas recluidas en la sede principal de la DGCIM. Hasta la fecha, la institución suma 20 resoluciones dirigidas a militares procesados bajo motivaciones políticas.
Respecto a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática promulgada en 2026, la CIDH observa una eficacia muy limitada. El articulado legal excluye expresamente a quienes enfrentan imputaciones por rebelión armada o acciones militares contra la República.
El órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, integrado por siete comisionados independientes, insta a detener el uso del fuero castrense como mecanismo de persecución política.
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