Chile solicita formalmente a Estados Unidos interrogar a Nicolás Maduro en Nueva York por el secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda.
La justicia chilena dio un paso diplomático y judicial sin precedentes en la investigación sobre el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
La Fiscalía Nacional envió recientemente un requerimiento de cooperación internacional al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El objetivo central de esta solicitud busca concretar diligencias críticas en suelo norteamericano para esclarecer el crimen de Ronald Ojeda.
Fuentes del caso confirmaron que el Ministerio Público chileno pretende realizar interrogatorios directos a personas bajo jurisdicción estadounidense.
Entre los nombres señalados en el documento destaca el de Nicolás Maduro, además de varios integrantes de la organización criminal Tren de Aragua. La causa indaga el violento secuestro ocurrido en febrero de 2024, cuando sujetos disfrazados de policías sacaron a la víctima de su hogar. Nueve días después, las autoridades hallaron el cuerpo de Ojeda enterrado bajo cemento dentro de una maleta en la comuna de Maipú.
Este avance judicial ocurre ahora que el proceso cuenta con veinte imputados formalizados y bajo prisión preventiva en Chile.
Cooperación internacional para aclarar el crimen de Ronald Ojeda
El fiscal regional Héctor Barros sostiene con firmeza que el asesinato responde a una motivación política dirigida desde el extranjero. Las indagaciones apuntan a una célula delictiva conocida como “Los Piratas”, brazo operativo de la megabanda transnacional Tren de Aragua.
Los investigadores chilenos creen que autoridades venezolanas ordenaron el encargo criminal para silenciar al disidente radicado en la capital chilena. Por esta razón, el equipo del Ministerio Público viajará a Nueva York para recoger testimonios claves de sujetos vinculados a este crimen de Ronald Ojeda.
El requerimiento formal ya recorre los canales diplomáticos entre Santiago y Washington para coordinar las declaraciones de Nicolás Maduro y otros sospechosos. La fiscalía busca pruebas contundentes que vinculen las órdenes políticas con la ejecución material del homicidio en territorio nacional.
Este movimiento refuerza la tesis sobre la operación de grupos criminales que sirven a intereses estatales para perseguir opositores fuera de sus fronteras. La colaboración de Estados Unidos resultará vital para determinar la responsabilidad intelectual de los altos mandos mencionados en la causa.
Chile espera que esta diligencia permita cerrar un capítulo oscuro de violencia transnacional y otorgue justicia definitiva a los familiares del exmilitar.
Con información de La Tercera
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