La Fiscalía de Bolivia emite una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado.
La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión formal contra el expresidente Evo Morales.
La justicia acusa al exmandatario por cometer delitos graves como terrorismo, alzamiento armado y atentado contra los servicios públicos.
El fiscal Brayan Melgar dictó la medida procesal por la implicación del exjefe de Estado en protestas recientes. Dichas movilizaciones exigían la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz mediante el cierre violento de caminos principales.
Grupos afines al exdirigente sindical paralizaron el tránsito vial durante siete semanas seguidas en varias regiones. La interrupción del paso terrestre generó un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas vitales.
Estas medidas de fuerza provocaron la muerte de dieciséis personas en distintas zonas del país. Las pérdidas económicas acumuladas superan los tres mil millones de dólares según reportes oficiales.
Líderes cívicos y autoridades del Ministerio de Gobierno impulsaron conjuntamente esta acción procesal contundente. La acusación también alcanza al dirigente sindical Marco Argollo y a otros líderes campesinos involucrados.
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El exjefe de Estado rechaza la responsabilidad directa en las protestas sociales y defiende su postura pública. Morales asegura que los cierres de vías buscaban respuestas concretas a peticiones de gremios movilizados.
Sin embargo, el exgobernante sugirió públicamente la salida del presidente Paz o el adelanto inmediato de comicios. Ante la gravedad del conflicto, el Poder Ejecutivo decretó estado de excepción en junio pasado.
Las fuerzas armadas y policiales intervinieron las carreteras bloqueadas para reabrir el paso de suministros. Actualmente, Morales permanece resguardado por simpatizantes en el Trópico de Cochabamba para evitar su detención.
El exmandatario evade además un proceso penal previo por el delito grave de trata de personas. La justicia declaró la rebeldía del investigado por no presentarse al inicio del juicio correspondiente.
Por su parte, la Policía Nacional espera las condiciones operativas idóneas para ejecutar la orden judicial.
Con información de Agencias
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