Canadá sanciona a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro Douglas Rico

Canadá sanciona a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro

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Canadá ha impuesto sanciones este martes a cinco funcionarios de la administración de Nicolás Maduro por su participación en violaciones a los derechos humanos y el fraude electoral del 28 de julio en Venezuela.

“Las sanciones de hoy transmiten un mensaje claro: Canadá no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen de Maduro sigue ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano. Se necesita una solución pacífica, negociada y liderada por Venezuela para resolver esta crisis. Estamos dispuestos a trabajar con socios de la región para apoyar este diálogo. Pero también estamos dispuestos a utilizar las herramientas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, para imponer costos a quienes buscan impedir la plena expresión de los derechos democráticos de los venezolanos. Canadá seguirá apoyando al pueblo de Venezuela en estos tiempos difíciles”, expresó la ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly. Este anuncio refleja la postura firme de Canadá contra las acciones antidemocráticas y abusivas en Venezuela, mostrando su compromiso con la promoción de la democracia y los derechos humanos en la región.

Funcionarios sancionados por Canadá

Los funcionarios sancionados incluyen a Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y a Juan Carlos Hidalgo Pandares, magistrado del mismo tribunal. También se encuentran en la lista Rosalba Gil Pacheco, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como Luis Ernesto Dueñez Reyes y Edward Miguel Briceño Cisneros, el fiscal y el juez que respectivamente solicitaron y aprobaron la orden de captura contra Edmundo González Urrutia. Estas sanciones buscan responsabilizar a los individuos que han permitido y ejecutado actos antidemocráticos y violaciones sistemáticas de derechos humanos, bloqueando cualquier propiedad o interés en bienes de los sancionados en Estados Unidos, y prohibiendo transacciones con entidades estadounidenses. Esta acción forma parte de un esfuerzo internacional más amplio para presionar al gobierno de Maduro hacia una restauración democrática y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

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