Después de una serie de abruptas renuncias de los miembros principales de la Junta Directiva del CNE, primero de aquellos afectos al gobierno y después los dos rectores principales de la oposición, el procedimiento, como en los últimos procesos, de designación de los nuevos rectores es un camino de vicios inconstitucionales.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela afirma en su artículo 296 que:
| Artículo 296. El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano. |
Sin embargo, con base en una supuesta polarización política que cada vez es más inexistente en Venezuela, en los últimos procesos electorales se ha dado por designar a rectores descaradamente vinculados o militantes de partidos políticos, en una repartición de cuotas desfachatada, según la conveniencia del gobierno.
Esta próxima Junta Directiva no es la excepción. Tres miembros y militantes del PSUV/Gobierno y 2 miembros de oposición G3 así lo dejan claro.
Quiénes son los del CNE encargados de la encomienda
Elvis Amoroso, actual Contralor y militante del PSUV, ejecutor de todas las inhabilitaciones y madurista, Rosalba Gil, actual Secretaria de la AN, militante del PSUV y diosdadista, Carlos Quintero, el poder técnico detrás del poder y de quien más ofrezca menos Jorge Rodríguez, militante del PSUV, Aimee Nogal, militante de UNT de Rosales y Juan Carlos Delpino, militante de AD-Allup, serán los responsables de adelantar las elecciones y lograr que no haya primaria de la PUD.
Un elemento a resaltar es que la nueva composición del CNE, de confirmarse, deja fuera de la caja a Jorge Rodríguez y recoloca a Diosdado en el plano del control del Poder Electoral. Y en la oposición deja por fuera a Henrique Capriles, por lo menos en las cargos de rectores principales.
Todo lo anterior, en pleno ejercicio de acciones absolutamente inconstitucionales.
El adelanto de elecciones aún se debate entre si efectuarla en diciembre de 2023 o mayo 2024, la presión es entre política y técnica.
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