Agentes de la Policía Nacional de España registraron este jueves la sede de la aerolínea Plus Ultra en Madrid. Las autoridades ejecutaron la operación en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales. Fuentes de la investigación confirmaron a la agencia EFE que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirige las actuaciones bajo estricto secreto de sumario.
Este nuevo procedimiento judicial reaviva la polémica en torno a la compañía aérea, cuestionada históricamente por sus conexiones con el poder político en Venezuela. Aunque la justicia española archivó previamente una causa sobre el rescate financiero de 53 millones de euros otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), este nuevo expediente busca rastrear el origen ilícito de fondos y operaciones recientes.
La conexión con el círculo de Nicolás Maduro
El foco de la controversia recae nuevamente sobre la composición accionaria de Plus Ultra. Investigaciones periodísticas previas han señalado a empresarios venezolanos como Rodolfo Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli como piezas clave en la estructura de la aerolínea. Diversos reportes vinculan a estos accionistas con el entorno cercano de Nicolás Maduro y con la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez.
La sombra de la corrupción venezolana ha perseguido a la empresa desde sus inicios. Medios españoles y venezolanos han documentado relaciones comerciales entre los propietarios de Plus Ultra y Camilo Ibrahim, un empresario señalado por su cercanía con el oficialismo en Venezuela. Las autoridades indagan si la aerolínea sirvió como vehículo para legitimar capitales provenientes de contratos estatales o fondos desviados desde Caracas hacia Europa.
Coincidencias con tramas de corrupción en España
El registro policial ocurre en un momento delicado para el gobierno español. La operación coincide temporalmente con otras diligencias que involucran a un expresidente de la SEPI y a una trama de corrupción que llevó a prisión a un exministro socialista. La justicia intenta determinar si existió un trato de favor hacia Plus Ultra impulsado por intereses políticos y económicos compartidos entre Madrid y la administración de Maduro.
La magistrada instructora, que en el pasado descartó delitos como malversación en el otorgamiento del rescate, ahora enfrenta nuevos elementos probatorios. Las querellas presentadas anteriormente por partidos como el PP y Vox denunciaban que la ayuda estatal a una empresa con tan poca cuota de mercado solo se explicaba por su función estratégica para el régimen venezolano, un argumento que recobra fuerza con la actual acusación de blanqueo.
El puente aéreo bajo sospecha
Plus Ultra ha operado como una de las pocas opciones de conexión directa entre Madrid y Caracas en momentos de aislamiento internacional. Esta exclusividad ha generado suspicacias sobre el uso de sus rutas para el traslado de efectivos, funcionarios y activos al margen de los controles convencionales. La investigación actual podría destapar el entramado financiero que permitió a la aerolínea sobrevivir pese a sus constantes pérdidas operativas, apuntando directamente a la inyección de capital venezolano de dudosa procedencia.
Fuentes consultadas: Agencia EFE, Archivo de investigación (Vozpópuli, El Mundo, Armando.info).
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