El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una investigación judicial y un escándalo político a pocos días de culminar su mandato el próximo 7 de agosto. La Fiscalía General abrió un proceso para esclarecer la presunta red de tráfico de influencias que involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero.
Según las denuncias, las involucradas exigían comisiones y anticipos a empresarios para facilitar contratos en entidades del Estado. La investigación revela cobros de anticipos de 200 millones de pesos y comisiones del 10 % sobre los montos adjudicados.
Juliana Guerrero, ex-asesora del Ministerio del Interior cercana al mandatario, enfrentó cuestionamientos previos tras presentar un título falso. El caso escaló luego de que la funcionaria Angie Rodríguez afirmara que advirtió a Petro sobre los manejos de Guerrero. En respuesta, el presidente removió a Rodríguez de su cargo.
El mandatario nacional rechazó los señalamientos, calificó las acusaciones como una campaña de desprestigio y aseguró que responderán ante la justicia quienes hayan cometido delitos. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, solicitó brindar garantías de protección a los denunciantes antes del cambio de mando. El país atiende esta controversia en medio de la contingencia institucional previa a la transición gubernamental.
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