El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó formalmente al juez José Luis Calama postergar su comparecencia prevista en la Audiencia Nacional. El exmandatario busca ganar tiempo para reunir la documentación necesaria que aclare la procedencia de un lote de joyas valuado en 1.3 millones de euros.
La petición judicial coincide con la decisión del magistrado de imputar el pasado viernes a Zapatero por los presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal. Esta nueva acusación surgió de manera imprevista tras el hallazgo de las piezas preciosas durante un registro policial efectuado el 19 de mayo en la oficina privada del político socialista.
Pieza separada por contrabando y tasación millonaria
El instructor del caso Plus Ultra abrió una investigación independiente para indagar sobre las joyas debido a que su origen no cuenta con justificación legal en este momento. Una tasación exhaustiva de la casa de subastas Ansorena y el Instituto Gemológico Español valoró las piezas en un total de 1.323.915 euros. Los expertos detallaron que solo un juego de collares, pulseras, sortijas y pendientes de oro blanco con zafiros y esmeraldas alcanza un valor de 1.2 millones de euros.
El entorno del expresidente argumenta que resulta muy prematuro declarar sobre esta nueva imputación sin recopilar los soportes financieros correspondientes. Sin embargo, los abogados defensores aclararon que Zapatero sí está preparado para responder por la causa principal vinculada a la aerolínea Plus Ultra. El caso gira en torno a un supuesto tráfico de influencias para la aprobación de un rescate financiero de 53 millones de euros en el año 2021.
Estrategia de la defensa y datos del teléfono clonado
El abogado Víctor Moreno Catena orienta su estrategia legal a solicitar la nulidad de una prueba fundamental dentro del expediente judicial. La defensa cuestiona el clonado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, quien fuera el propietario de la compañía aérea Plus Ultra.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España recibió este volcado de datos por parte de las autoridades de Estados Unidos. Los mensajes telefónicos revelan cómo los directivos de la aerolínea buscaban el apoyo del exjefe del Gobierno español para asegurar los fondos públicos. El litigio por la transparencia de las pruebas digitales coincide temporalmente con las presiones internacionales sobre el caso venezolano, donde la Corte IDH también evalúa casos históricos de vulneraciones institucionales como el caso Óscar Pérez en el ámbito hemisférico. El letrado Moreno exige ahora aclarar si la policía cumplió con todas las garantías de custodia al transferir la información desde Washington.
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