El secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores del Sector Público (Únete), Servando Carbone, denunció un inminente despido masivo que el Estado disfraza de reestructuración. Durante una entrevista con Nicmer Evans en el programa PDCRadio Desencadenados, el dirigente expuso las intenciones del gobierno de Delcy Rodríguez. Carbone advirtió que el Estado prepara una purga interna en la administración pública.
Según el sindicalista, las autoridades manejan cifras infladas para justificar esta medida. El gobierno afirma mantener a 3.5 millones de empleados públicos. Sin embargo, Carbone desmiente tajantemente esta estadística oficial. Él asegura que la migración forzada y las renuncias masivas redujeron la nómina real a unos 2.4 millones de trabajadores activos.
“Esto es un estado criminal”, afirmó el líder sindical durante la transmisión. Él explicó que la actual administración busca consolidar jubilaciones forzadas. Ellos quieren deshacerse de los trabajadores técnicos y profesionales sin pagar indemnizaciones justas.
El falso discurso oficial y la crisis de los jubilados
Carbone reveló detalles inéditos de reuniones recientes con altos funcionarios del área económica. En estos encuentros, los voceros del Estado evidenciaron su profundo desprecio hacia el sector trabajador. Calixto Ortega, funcionario del gobierno, presentó un análisis que indignó a los representantes sindicales.
“Yo no puedo aceptar que hoy me diga que yo soy una carga para el Estado”, reclamó Carbone con profunda molestia. Él recordó que los empleados dedicaron décadas de su vida a las instituciones públicas. Además, ellos cotizaron regularmente al fondo de jubilaciones y al seguro social. Hoy, el gobierno de Delcy Rodríguez ignora maliciosamente estos aportes históricos.
El dirigente criticó el manejo oscuro e irregular de los fondos de pensiones. Durante una reunión oficial, Carbone preguntó directamente por los recursos de la tesorería de seguridad social. Ningún funcionario supo responder dónde está ese dinero. El gobierno gasta el presupuesto en bonificaciones discrecionales y niega un salario digno.
La manipulación técnica de las cifras estatales
Las autoridades afirman que el país agrupa a 5.7 millones de pensionados. Carbone desglosó esta cifra para revelar la verdad administrativa. Solo 3 millones de personas cotizaron realmente al Seguro Social. El resto ingresó a la nómina mediante políticas sociales gubernamentales. El sindicalista no rechaza la ayuda social, pero repudia la mentira técnica.
El gobierno mezcla ambas bases de datos para abultar los números. Luego, utiliza esta gran estadística para victimizarse frente a los organismos internacionales. Carbone considera inaceptable que los funcionarios traten a los ancianos con tanto desdén. El trabajador venezolano entregó 40 años de esfuerzo al país y ahora recibe humillaciones diarias.
Una reestructuración contra los derechos laborales
Héctor Rodríguez y Eduardo Piñate lideran las comisiones de esta nueva reestructuración estatal. Carbone asegura que esta iniciativa solo busca aplastar las crecientes protestas laborales. Los trabajadores exigen mejoras salariales reales en las calles de todo el país. El gobierno de Delcy Rodríguez intenta desmovilizar rápidamente estas manifestaciones ciudadanas.
El Tribunal Supremo de Justicia emitió recientemente la controversial sentencia 724. Este fallo prorroga la emergencia económica y otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo. Carbone advirtió que esta medida facilita la fusión de ministerios. También permite ejecutar despidos masivos sin enfrentar obstáculos legales ni protestas sindicales.
“Es imposible que aquí haya un ajuste de salario”, lamentó el representante de la central Únete. Mientras el Estado aplica esta reingeniería institucional, los sueldos permanecen totalmente congelados. El sector laboral sufre una asfixia económica sin precedentes en la historia republicana.
La estrategia política detrás de los bonos
El gobierno entrega bonificaciones ocasionales de forma unilateral y discriminatoria. Carbone relató una confesión escandalosa de una funcionaria gubernamental durante las mesas de negociación. Ella admitió que el Estado privilegia financieramente a los policías y militares. Ellos garantizan el control político, mientras los maestros y médicos enfrentan la pobreza extrema.
Los profesionales de la salud y la educación sufren el olvido gubernamental. Sus ingresos mensuales apenas superan unos pocos dólares. El Estado rechaza aumentar el salario mínimo legal. En su lugar, reparte bonos que no generan pasivos laborales ni nutren las prestaciones sociales.
El plan oficial apunta a reducir drásticamente el tamaño del Estado. Los funcionarios pretenden eliminar organismos y despedir al personal técnico capacitado. Los dirigentes sindicales denuncian esta masacre laboral ante la comunidad internacional. La clase obrera mantendrá su lucha en las calles hasta conquistar verdaderos salarios dignos.
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