El juez José Luis Calama congela los fondos del exmandatario español. La Audiencia Nacional investiga una presunta red de tráfico de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra.
La Audiencia Nacional sacudió la política española con una contundente decisión financiera y judicial contra el antiguo líder del Ejecutivo. El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, dictó el congelamiento inmediato de las cuentas del expresidente Zapatero.
Esta severa medida coincidió temporalmente con el levantamiento del secreto de sumario de una investigación que salpica directamente al entorno familiar del exmandatario.
Los agentes policiales registraron minuciosamente la oficina del político en la madrileña calle Ferraz y la sede de Whathefav, empresa propiedad de sus dos hijas.
Además, la autoridad judicial citó formalmente al antiguo gobernante para comparecer en calidad de investigado el próximo 2 de junio. El magistrado busca esclarecer la participación del sospechoso en delitos graves de blanqueo de capitales y tráfico de influencias durante los últimos años.
Las pesquisas judiciales intentan determinar el destino final de los fondos bajo sospecha y el nivel de implicación de los colaboradores más cercanos del exlíder socialista.
El origen del rescate a Plus Ultra y las cuentas del expresidente Zapatero
El magistrado sitúa al exdirigente en la cúspide de una organización jerarquizada que utilizaba su enorme poder político para conseguir millonarios beneficios económicos personales.
El auto judicial detalla cómo la red operaba de forma estable para favorecer a corporaciones privadas mediante presiones directas en las instituciones del Estado.
El foco principal de esta trama delictiva apunta hacia la polémica ayuda de 53 millones de euros que el Gobierno actual otorgó a Plus Ultra. Los investigadores recopilan evidencias sólidas sobre el cobro de comisiones ilegales asociadas a esta polémica financiación pública aprobada durante la pasada crisis sanitaria global.
La justicia sospecha que el entorno del antiguo mandatario desvió una parte importante de esos recursos públicos hacia diferentes depósitos bancarios privados.
El proceso penal intentará demostrar la conexión directa entre el dinero recibido por la aerolínea y el patrimonio oculto de la organización desmantelada.
Con información de Agencias
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