La organización Transparencia Venezuela denunció este jueves la opacidad en la reorganización de activos públicos del país. Durante el foro “Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?”, la ONG advirtió que el proceso actual carece de controles claros. Según la investigación, esta falta de transparencia sugiere que el Estado distribuye bienes de forma discrecional entre grupos cercanos al poder, lo que compromete el patrimonio nacional.
La investigadora Christi Rangel destacó que la reconfiguración del manejo de activos cobró velocidad tras los sucesos del 3 de enero de 2025. Rangel señaló que la captura de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez marcaron un cambio profundo en la cúpula administrativa. La analista afirmó que los hermanos Rodríguez Gómez ahora encabezan la gestión de las empresas estatales, desplazando a la influencia previa de la familia Maduro-Flores en sectores estratégicos.
Falta de información oficial impide la supervisión ciudadana
Mercedes de Freitas, directora de la ONG, cuestionó el nulo acceso a datos oficiales sobre el inventario del Estado venezolano. De Freitas alertó que los acuerdos actuales se ejecutan bajo un secretismo que impide cualquier tipo de control social. “Más que una privatización, parece una redistribución de fondos del Estado entre amigos”, denunció la activista. Esta práctica recuerda las alianzas mineras previas, donde el gobierno otorgó concesiones a allegados y familiares sin licitaciones públicas.
La organización advirtió que Venezuela podría derivar hacia una “tecnocracia autoritaria” si no existe una reforma judicial sincera. Provea coincide en que la apertura económica de Delcy Rodríguez carece de libertades democráticas, lo que facilita la concentración de riqueza en manos de nuevas élites. Sin rendición de cuentas, el traspaso de activos estatales solo fortalecerá a grupos de poder político en lugar de beneficiar la economía nacional.
Exigen rendición de cuentas en la transferencia de empresas
Transparencia Venezuela solicitó mecanismos de supervisión para garantizar que los recursos públicos no sirvan a intereses grupales. La sociedad civil debe exigir que las privatizaciones o alianzas estratégicas ocurran de cara al país y no mediante convenios ocultos. Para los expertos, la opacidad actual facilita esquemas de corrupción que ya afectaron gravemente el sistema eléctrico y la industria petrolera durante la última década.
Finalmente, Rangel insistió en que privatizar para el beneficio de un sector privilegiado resulta inaceptable en el contexto de crisis actual. La reconstrucción de las instituciones requiere transparencia total en cada contrato firmado por la presidencia encargada. La organización instó a los ciudadanos y sindicatos a vigilar el destino de las empresas estatales durante este 2026, asegurando que el patrimonio nacional no termine nuevamente en manos de círculos cercanos a la administración de turno.
Fuente: El Nacional
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