Representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y del Frente Nacional de Lucha en las Clases Trabajadoras (FNLCT) acudieron al Parlamento. La delegación, liderada por Pedro Eusse, consignó un documento formal ante la Comisión Especial para la Evaluación y Seguimiento a la Ley de Amnistía. Los voceros solicitaron el decreto de libertad plena para un grupo de aproximadamente 176 dirigentes sindicales y obreros procesados judicialmente.
La solicitud se fundamenta en el artículo 15 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y en las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional. Eusse calificó los procesos actuales como una «acción violenta del Estado» contra quienes lideran luchas laborales. La petición busca resarcir los daños causados a trabajadores perseguidos por su posición política o por defender derechos contractuales mínimos en diversas empresas públicas.
Restitución integral de derechos y reparación de daños
El documento entregado a los diputados Jorge Arreaza y Nora Bracho no solo exige la libertad de los detenidos. Los gremios demandan la restitución integral de los derechos laborales, sindicales y ciudadanos de todos los afectados. Eusse enfatizó que el Estado debe garantizar reparaciones económicas y morales para las familias que sufrieron daños materiales y de salud. Para la CUTV, la justicia incompleta mantiene a los líderes bajo medidas cautelares que limitan su ejercicio profesional.
Esta exigencia de libertad ocurre mientras el ministro del Trabajo califica el esquema de bonos como transitorio, lo que genera mayor tensión en las bases obreras. Los sindicatos consideran que la persecución judicial actúa como una herramienta de amedrentamiento frente a las exigencias salariales. Por ello, instan a la plenaria de la Asamblea Nacional a decretar la amnistía para frenar las prácticas indebidas del sistema judicial venezolano.
Casos emblemáticos en la industria petrolera y siderúrgica
La central sindical detalló situaciones críticas que ilustran la judicialización en el país. El sector petrolero encabeza la lista con 136 trabajadores de PDVSA procesados sin pruebas contundentes. Entre ellos destacan ocho tripulantes del buque tanque Negra Hipólita. También incluyeron el caso de Daniel Romero, dirigente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), quien cumplió casi tres años de prisión por organizar protestas en la planta de pellas.
Otro expediente relevante es el de Eudy Girot, líder de la FUTEP, cuya encarcelación sentó un precedente peligroso para el movimiento obrero. La CUTV denunció que muchas solicitudes individuales han sido negadas sistemáticamente este 2026, a pesar de las irregularidades procesales. El gremio reafirmó que no se detendrán hasta lograr la “no repetición” de estos eventos y la libertad plena de los seis líderes condenados que aún enfrentan libertad condicional.
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