En la Venezuela de 2026, la supervivencia de un pequeño negocio no solo depende de las ventas o de la hiperinflación, sino de un enemigo invisible: el impuesto a los “trabajadores ficticios”. Lo que nació en 2024 como la Ley de Protección de las Pensiones se ha transformado, según el Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión (CEEDI), en un mecanismo de castigo para quienes intentan trabajar por cuenta propia.
El drama de la nómina inventada
El caso de María V, es el de miles. Ella y su esposo gestionan una oficina familiar; son los únicos dos trabajadores. Sin embargo, el sistema tributario actual presume que toda figura jurídica debe poseer una nómina. Para evitar bloqueos administrativos, se ven forzados a registrar un “empleado imaginario” con un salario simbólico.
La trampa es matemática. Aunque el salario declarado sea el mínimo, el SENIAT aplica una base de cálculo en divisas (entre 130 y 190 USD). Con una alícuota del 9%, el costo por este trabajador inexistente ronda los 12 dólares mensuales. Parece poco, hasta que llega la sanción. Por no poder costear esta carga en meses de bajas ventas, María recibió una multa de 4.000 dólares, una cifra que triplica sus ingresos anuales y sentencia al cierre su emprendimiento.
Una estructura de costos insostenible
Para un profesional independiente o una microempresa que genera entre 150 y 300 dólares al mes, la presión es asfixiante. El CEEDI detalla una lista de gastos que devoran el capital antes de que el emprendedor pueda siquiera comprar alimentos:
- Alquiler de oficina: ~150 USD.
- Aseo Urbano (Relleno sanitario): ~50 USD (independientemente de la generación de desechos).
- Aportes al IVSS: 9-11% de la nómina real.
- Contribución Especial de Pensiones: 9% sobre base indexada.
“Una multa de miles de dólares no es una sanción, es una sentencia de muerte comercial”, señala el informe. La desproporción es tal que el Artículo 13 de dicha ley permite multas de hasta 1.000 veces el tipo de cambio oficial, una medida calificada por juristas como confiscatoria.
Vicios jurídicos y opacidad
El informe técnico del CEEDI destaca cinco vicios graves en la aplicación de este tributo:
- Falso Supuesto: Se presume la existencia de empleados donde no los hay, violando el principio de legalidad.
- Indefensión: Las sanciones se emiten sin un proceso de defensa real para el contribuyente.
- Inversión de la carga de la prueba: El ciudadano debe demostrar que “no es culpable” frente a un sistema automatizado que dispara multas de forma indiscriminada.
- Doble carga administrativa: Los negocios deben declarar lo mismo ante dos entes distintos (IVSS y SENIAT), duplicando el tiempo y los costos de gestión.
- Falta de Transparencia: Sigue sin estar claro cómo este dinero llega efectivamente a mejorar la vida de los pensionados venezolanos.
La ruta hacia la salvación económica
El Centro de Estudios propone una reforma urgente para evitar el colapso total del sector productivo independiente:
- Declaración “Cero Trabajadores”: Permitir que empresas sin nómina real no sean obligadas a pagar por empleados ficticios.
- Amnistía Fiscal: Anular las multas desproporcionadas ya impuestas a microempresas y clínicas familiares.
- Simplificación Tributaria: Unificar las declaraciones en un solo portal y establecer tasas razonables acordes a la realidad del flujo de caja.
Proteger a los ancianos es un deber ético y social, pero no se pueden proteger las pensiones del mañana destruyendo los empleos y los emprendimientos del hoy. Sin seguridad jurídica y respeto al debido proceso tributario, el esfuerzo por atraer inversiones seguirá siendo un espejismo en el desierto económico venezolano. Hay que cambiar el modelo económico.
Saverio Vivas es un activista político y social venezolano con más de 20 años de trabajo en los sectores populares de Caracas. Miembro del Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión (CEEDI) – Correo: Gladmar@gmailcom
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