La Asamblea Nacional ratifica a Larry Devoe como Fiscal General, un funcionario sancionado por Canadá por graves violaciones a los derechos humanos.
La Asamblea Nacional chavista consumó este jueves la designación definitiva de Larry Daniel Devoe Márquez como Fiscal General de la República. El nombramiento ocurre mediante una cuestionable decisión unánime tras la supuesta evaluación de una comisión especial del Parlamento oficialista.
Devoe ejercía previamente el cargo de forma interina luego de la conveniente renuncia de Tarek William Saab a sus funciones.
Este abogado egresado de la Universidad Católica André Bello (UCAB) acumula un largo historial sirviendo fielmente a los intereses jurídicos y diplomáticos del régimen actual.
Su ascenso representa la consolidación del control político sobre el Ministerio Público, un ente fundamental para la garantía de justicia.
Resulta alarmante recordar que el gobierno de Canadá sancionó formalmente a Devoe durante el año 2019 por razones graves. Los organismos internacionales lo incluyeron en listas negras por ser presunto cómplice en violaciones sistemáticas a los derechos humanos fundamentales.
Además, pesan sobre su figura señalamientos directos por participar en importantes actos de corrupción administrativa dentro de las instituciones. El nuevo fiscal simboliza el blindaje de la impunidad estatal frente a las denuncias ciudadanas y la mirada internacional.
El polémico ascenso de Larry Devoe ante el sistema de justicia
El recorrido de Devoe en la administración pública evidencia una lealtad absoluta hacia la cúpula que detenta el poder hoy en día en Venezuela. Desde sus inicios en Conatel hasta su rol como agente ante la CIDH, siempre priorizó la defensa de la narrativa oficial.
Jorge Arreaza impulsó su carrera dentro de la Vicepresidencia, permitiéndole escalar posiciones estratégicas durante el mandato de Nicolás Maduro.
Devoe ocupó simultáneamente múltiples cargos, demostrando la absoluta falta de independencia de poderes que impera en el país actualmente. Fue el principal arquitecto de la salida de Venezuela del sistema interamericano, dejando a los ciudadanos en total desprotección jurídica.
Su designación como Fiscal General por parte de la Asamblea Nacional anula cualquier esperanza de una investigación imparcial en casos de represión.
El Estado premia a un funcionario que ha justificado los abusos ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Esta ratificación ignora las advertencias de la comunidad internacional sobre la falta de transparencia en los procesos de selección interna.
El Ministerio Público queda ahora bajo el mando de un ejecutor de políticas que contradicen los principios democráticos universales. La nación enfrenta un nuevo periodo de oscuridad institucional donde la fiscalía sirve únicamente como brazo ejecutor del Ejecutivo.
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