La farsa constitucional: Maduro no volverá y todos lo saben

A casi 90 días de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una celda en Nueva York, el régimen venezolano insiste en mantener una comedia jurídica que ya nadie cree. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Asamblea Nacional oficialista, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo Moral Republicano actúan como si ignoraran lo evidente: Nicolás Maduro no regresará al poder. Su futuro no está en Miraflores, sino en un tribunal federal estadounidense, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo que, según declaraciones del propio presidente Donald Trump, representan apenas “una fracción” de las acusaciones que podrían llevarlo a pasar el resto de su vida en prisión.

Lo que dice la constitución

El artículo 233 de la Constitución es claro. Entre las faltas absolutas del Presidente figura el abandono del cargo, declarado por la Asamblea Nacional. Capturado por fuerzas estadounidenses, trasladado a otro país y sometido a un proceso penal que promete ser largo y con alta probabilidad de condena, Maduro ha abandonado de facto sus funciones. Sin embargo, el TSJ, en una interpretación que roza lo cantinflesco, sostiene que Maduro “no está, pero sigue en el cargo”. Al mismo tiempo, ese mismo tribunal no ha dudado en contradecirse y ordenar que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada “para garantizar la continuidad administrativa”.

Esta acrobacia jurídica revela el nudo del problema: el chavismo no quiere reconocer la falta absoluta porque hacerlo obligaría a convocar elecciones en 30 días, tal como manda la Carta Magna cuando la ausencia se produce en los primeros cuatro años del período constitucional. En cambio, prefieren estirar la ausencia temporal más allá de los 90 días permitidos, manteniendo el control del aparato estatal mientras simulan normalidad.

Maduro no gobierna por cartas desde New York

La realidad es implacable. Maduro compareció ante un juez en Nueva York, se declaró inocente y denunció ser “secuestrado”, pero los hechos son contundentes: enfrenta cargos graves por narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas. Trump ha advertido públicamente que vendrán más imputaciones. Un juicio de esta magnitud no se resuelve en meses; puede extenderse años, y una condena federal de varias décadas es el escenario más probable. ¿Cómo puede alguien en esas condiciones ejercer la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela?

Mientras tanto, Delcy Rodríguez ejerce el poder de facto. Juramentada como presidenta encargada tras el fallo del TSJ, ha asumido atribuciones presidenciales sin que se haya declarado formalmente la falta absoluta. Es una solución de conveniencia que permite al régimen ganar tiempo, mantener el control de las instituciones y evitar el llamado a elecciones que, casi con seguridad, perderían.

Esta estrategia no solo viola el espíritu y la letra de la Constitución, sino que agrava la crisis institucional. El CNE, lejos de preparar un cronograma electoral transparente, permanece en silencio cómplice. La Asamblea Nacional chavista, en lugar de declarar el abandono del cargo, respalda la farsa. El Consejo Moral, supuestamente guardián de la ética pública, observa impasible cómo se manipula la norma fundamental.

Hay que enfrentar la realidad

Venezuela merece algo mejor que esta pantomima. A casi tres meses de la ausencia de Maduro, el país sigue sin rumbo claro, con una economía destrozada, una diáspora masiva y una población exhausta. Fingir que Maduro “sigue en el cargo” no resuelve nada; solo posterga lo inevitable y profundiza la ilegitimidad del poder actual.

Es hora de que las instituciones controladas por el chavismo dejen de lado las interpretaciones creativas y cumplan con lo que la Constitución exige: reconocer la falta absoluta, convocar elecciones libres, transparentes y con garantías internacionales. Cualquier otra cosa no es más que una prolongación artificial de un régimen que ya perdió a su figura central y que, tarde o temprano, tendrá que enfrentar la voluntad popular.

Maduro no volverá. Negarlo solo prolonga el sufrimiento de los venezolanos y erosiona aún más la poca credibilidad que les queda a las instituciones del Estado. La realidad, como siempre, termina imponiéndose.

Saverio Vivas es un activista político y social venezolano con mas de 20 años de trabajo en los sectores populares de Caracas. Miembro del Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión (CEEDI) – Correo: Gladmar@gmailcom

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