Confesión de alias el Viejo revela que la Segunda Marquetalia ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay. Lea el reportaje completo en el Diario La Semana.
La justicia colombiana dio un paso trascendental este viernes al condenar a 22 años de prisión a Simeone Pérez Marroquín, conocido como alias el Viejo. Este individuo participó activamente en la planificación del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el año pasado en Bogotá.
Durante los interrogatorios ante la Fiscalía, el procesado rompió el silencio y entregó detalles perturbadores sobre la operación criminal, información que revela el Diario La Semana. Según su testimonio, la orden directa de ejecutar el magnicidio provino de la cúpula de la Segunda Marquetalia.
El Viejo identificó a José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever, como el autor intelectual que coordinó la logística desde la frontera. El grupo guerrillero ofreció una suma de 1.000 millones de pesos para asegurar la muerte del dirigente político del Centro Democrático.
Además, la organización dispuso otros 600 millones de pesos adicionales destinados a sobornar funcionarios o eliminar testigos clave del proceso. Esta confesión pone al descubierto la peligrosidad de las disidencias que operan bajo el mando de Iván Márquez en territorio fronterizo.
El plan incluía seguimientos exhaustivos y una inteligencia detallada sobre los movimientos diarios del parlamentario en la capital del país.
El relato de Pérez Marroquín describe una estructura jerárquica rígida donde las órdenes de los mandos superiores debían ejecutarse sin cuestionamientos. El reclutamiento del Viejo ocurrió a través de Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, un antiguo compañero de prisión en La Picota. Yako, quien ya había comparecido ante la justicia transicional, retomó las armas para servir como enlace operativo de la guerrilla.
El condenado narró cómo viajó hasta la frontera con Venezuela para entrevistarse personalmente con los cabecillas de la organización armada. En una vivienda rural, custodiado por hombres armados, recibió las instrucciones definitivas para acabar con la vida del entonces precandidato presidencial. El Zarco Aldinever validó el perfil criminal del Viejo antes de autorizar su integración formal en la denominada “operación”.
Mientras estos planes avanzaban en la clandestinidad, la organización mantenía acercamientos públicos para negociar procesos de paz con el Gobierno nacional. Esta dualidad evidencia la estrategia de violencia y engaño que caracteriza a los grupos residuales de las antiguas Farc.
La fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para identificar a otros colaboradores que facilitaron armamento y transporte para el atentado.
El plan de la Segunda Marquetalia para asesinar a Miguel Uribe Turbay según Diario La Semana
La logística para intentar asesinar a Miguel Uribe Turbay incluyó traslados clandestinos y el uso de pasamontañas para proteger la ubicación de la Segunda Marquetalia. Alias el Viejo detalló que su encuentro en Cúcuta con el Zarco Aldinever fue determinante para finiquitar los pormenores del crimen. El muchacho encargado de su transporte lo llevó por vías destapadas hasta una casa común donde lo esperaban escoltas armados.
Allí, el cabecilla guerrillero le manifestó que ya conocía su trayectoria delictiva y que confiaba plenamente en la recomendación de alias Yako. La instrucción fue clara: el contacto permanente sería Yako y el objetivo principal debía cumplirse bajo cualquier circunstancia o costo económico. El Zarco Aldinever, quien murió meses después en un enfrentamiento con el ELN, supervisaba personalmente estos planes de alto impacto político.
El Viejo aceptó el encargo de inmediato, motivado por el millonario pago prometido por la organización terrorista tras la ejecución exitosa. Los investigadores resaltan que la inteligencia criminal se sostuvo durante meses mediante vigilancias en los barrios Modelia y El Golfito de Bogotá. El uso de jerga militar para referirse al magnicidio como una “operación” demuestra el carácter estructurado de este grupo disidente.
La confesión revela también que la organización criminal poseía recursos suficientes para intentar desviar las investigaciones judiciales mediante el uso de la fuerza. El Viejo admitió que el grupo estaba dispuesto a “mocharles la cabeza” a quienes intentaran revelar la verdad sobre los autores intelectuales. Esta amenaza directa contra la administración de justicia buscaba garantizar la impunidad total para los comandantes que permanecen en la clandestinidad.
El testimonio de Pérez Marroquín resulta vital para entender cómo las disidencias utilizan delincuentes comunes para ejecutar acciones de alto perfil en las ciudades. La conexión entre la frontera venezolana y los barrios residenciales de Bogotá funcionaba a través de correos humanos y comunicaciones encriptadas.
Yako, como pieza fundamental del engranaje, coordinaba la logística urbana mientras los mandos superiores daban las directrices políticas y financieras desde sus campamentos. La captura de el Viejo en el departamento del Meta cerró un ciclo importante de la investigación penal sobre este caso. Sin embargo, las revelaciones sobre los montos ofrecidos y la determinación de la guerrilla generan nuevas alertas sobre la seguridad de los líderes opositores. La sociedad civil exige garantías reales para el ejercicio de la política frente a estas amenazas persistentes de grupos armados.
El impacto de estas declaraciones sacude el tablero político nacional debido a la gravedad de las acusaciones contra los negociadores de paz. Resulta contradictorio que una estructura armada planee el asesinato de un senador mientras busca legitimidad institucional ante el ejecutivo nacional.
Las autoridades colombianas deben verificar si otros dirigentes políticos se encuentran actualmente en la mira de estos mismos escuadrones de ejecución urbana. El Viejo permaneces bajo estrictas medidas de seguridad tras recibir su condena, pues su vida corre peligro por revelar los secretos internos.
Su descripción física del Zarco Aldinever coincide plenamente con los archivos de inteligencia militar recopilados durante años de seguimiento en la zona fronteriza. La justicia espera que este precedente sirva para desmantelar las redes de apoyo que las disidencias mantienen activas en las principales capitales regionales.
El seguimiento a los recursos financieros de la Segunda Marquetalia será clave para asfixiar su capacidad de contratar sicarios y comprar silencios. La protección de los testigos y la celeridad en los juicios pendientes representan los próximos desafíos para el sistema penal acusatorio. Este caso deja una lección dolorosa sobre la fragilidad de la seguridad democrática frente al terrorismo residual que persiste en el país.
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