Hugo Cabezas, una figura que durante años ocupó estratos de alto poder en la administración pública venezolana, hoy se encuentra en una realidad diametralmente opuesta. Abogado de profesión, Cabezas desempeñó roles de suma confianza: fue director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), Ministro del Despacho de la Presidencia, Gobernador del estado Trujillo y, más recientemente, representante de la corporación estatal Cartones de Venezuela.
Su detención se produjo el 5 de abril de 2023, en el marco de una purga interna que el Ejecutivo Nacional denominó “Operación Anticorrupción”. La narrativa oficial lo vinculó mediáticamente con la trama conocida como “PDVSA-Cripto”, un escándalo de malversación de fondos que ha estremecido los cimientos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Sin embargo, tras tres años de opacidad procesal, su caso parece estar sumergido en un limbo jurídico donde la acusación formal y la realidad del expediente no logran encontrarse.
Hoy, en exclusiva para Punto de Corte, conversamos con Mónica Hidalgo, su exesposa, quien rompe el silencio para denunciar lo que considera una detención arbitraria, motivada por rencillas políticas internas y ejecutada bajo la figura de la “desaparición del mapa político” de un hombre que, según ella, no tiene pruebas en su contra.
1. Nicmer Evans: Mónica, ¿qué sucede realmente con el caso de Hugo Cabezas a nivel procesal?
Mónica Hidalgo: Se encuentra en el mismo estatus desde hace tres años. Está privado de libertad, sin pruebas que lo relacionen con algún hecho en particular, sin una defensa efectiva y sin el debido proceso. Sufrimos un retardo judicial ignominioso. Además, los bienes que fueron incautados en su caso realmente fueron vilmente robados, pues actualmente se encuentran ocupados por terceras personas en lugar de mantenerse en el debido resguardo que un proceso de este tipo establece.
Lo vinculan a delitos que no cometió, asociado a personas inexistentes. Públicamente se le ha relacionado con el caso PDVSA-Cripto cuando ni en su expediente, ni en su gestión, jamás tuvo relación con alguno de los dos organismos.
2. N.E.: ¿Consideras que Hugo Cabezas es un preso político?
M.H.: Evidentemente lo es. El modus operandi de su detención y su retención prolongada en un centro de privación de libertad, sin pruebas y sin derecho a defenderse de una injusta e incongruente acusación, solo denota la aplicación del Derecho Penal del Enemigo. Esta es una corriente internacional del derecho que se aplica a personas para desaparecerlas del mapa político.
En su caso, sin ser disidente del proyecto político que siempre apoyó, no existe otra explicación que la de haberle resultado incómodo a alguien dentro del gobierno. Ante la necesidad de señalar a personas de presuntos hechos para “lavarle la cara” a los que realmente pudieran estar incurriendo en posibles hechos punibles, simplemente fue señalado e involucrado en situaciones inexistentes. En su caso, lo señalaron por el simple hecho de venir de una misma casa de estudios y de un mismo movimiento político universitario hace ya casi 30 años, pero de quienes ya venía separado política y personalmente hacía más de 10 años, sin que eso niegue posibles afectos a muchos de ellos.
3. N.E.: ¿Por qué lo involucran en el caso de PDVSA-Cripto si él nunca formó parte de esa estructura ni de la industria petrolera?
M.H.: Realmente, en su expediente jamás se menciona ni a PDVSA ni al Cripto. Simplemente, en el linchamiento digital y mediático que orquestó y narró el gobierno en el año 2023 —el cual mantiene hasta la fecha—, se le relaciona por la otrora amistad que existió entre Hugo y Tareck El Aissami, entre otros, hace muchos años.
Pero la realidad es que, mientras Hugo estuvo en Cartones de Venezuela, su jefe directo fue Tareck El Aissami; no obstante, también fue su mayor bloqueador político, y eso lo saben todos internamente en el PSUV. Así como lo fue Hugbel Roa en los años 2021 y 2022. Esa es una realidad que no puede negar absolutamente nadie. Hugo sale efectivamente de Cartones de Venezuela por confrontar una alianza con la que no estaba de acuerdo por diversas razones y, actuando de manera correcta, coherente y directa, la rescindió. Eso no solo le valió el cargo, sino que le ganó un bloqueo más de los muchos que tenía con este grupo político.
Esto lo digo con responsabilidad y en mi nombre, pues conozco no solo la realidad del caso, sino también la realidad política de Hugo y de la mayoría de ellos desde sus inicios. Me permito afirmarlo porque sé que ninguno de ellos puede osar contradecir mis palabras. Aunque la narrativa está construida para generar duda y la opinión pública construye su realidad con base en esa percepción, lo cierto es que de la página 1 a la página 160 del escrito acusatorio —que es a lo único que hemos tenido acceso— ni los pseudo-investigadores ni el Ministerio Público han podido en tres años hilvanar una sola idea o acusación que lo relacione con PDVSA, la Sunacript o incluso con algún hecho de corrupción en Cartones de Venezuela. Son 160 páginas que da vergüenza leer para cualquier profesional serio.
4. N.E.: Como familia de Hugo Cabezas, ¿qué están exigiendo a las autoridades?
M.H.: Que se individualice su caso legal y públicamente. Aun cuando él está absolutamente solo en su expediente —pues la otra persona detenida en el caso de Cartones de Venezuela se suicidó a los pocos días de su detención— siguen señalándolo dentro de un grupo de “corruptos”. La realidad es que su caso nada tiene que ver con PDVSA ni con Sunacript, pero le aplican los mismos señalamientos públicos y las mismas arbitrariedades judiciales.
Pedimos su libertad en primer lugar. Que se revise individualmente su caso, que le permitan un verdadero derecho a la defensa y que le garanticen el debido proceso. Desde el momento de la detención arbitraria de Hugo y de su desaparición forzosa durante casi nueve días, todos los procesos se han realizado de manera irrita e ilegal.
Entendemos que la opinión pública y nosotros como venezolanos no podemos permitir la impunidad, pero es que están presos los que no son. Este juicio debe llevarse a cabo con claridad y probidad. Si van a seguir siendo los mismos jueces y fiscales injustos, imagina las posibilidades para una persona inocente. Pedimos una medida sustitutiva de privación de libertad mientras se configura un Poder Judicial que garantice sus derechos. Y pedimos que, una vez sea comprobada su inocencia, le sean devueltos sus bienes, los cuales, increíblemente, hoy son usados sin ningún tipo de desparpajo por quienes hoy los acusan de corruptos.
5. N.E.: ¿Qué acciones han desarrollado hasta ahora? ¿Han buscado apoyo en instituciones como la Asamblea Nacional?
M.H.: Nicmer, lamentablemente el silencio nos acompañó por estos tres años. Previo a esto intentamos tocar todas las puertas legales, tanto públicas como privadas, para hablar de este caso y ninguna se abrió. Ninguna. Solo en la defensa pública nos permitían entregar los escritos de solicitudes al tribunal; sin embargo, desconocemos si fueron efectivamente interpuestos, pues jamás hemos podido tener acceso al expediente.
Luego de enero de este año, el escenario ha sido un poco más favorable. Hemos interpuesto denuncias por violación a sus derechos ante la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública, el Tribunal de la causa, el Foro Penal, PROVEA, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional. Por primera vez en tres años nos han permitido actuar; sin embargo, salvo en el Foro Penal, el resto de los organismos solo nos reciben el escrito.
Aunque nos han oído, nos han indicado que dentro de la Asamblea Nacional la instrucción es que “de estos casos no se habla”, que esto es otro tema. El mismo Jorge Arreaza ha indicado que este caso no va a estudiarse. Entonces, ¿qué opciones tenemos? El Tribunal no se va a pronunciar favorablemente jamás a ninguna medida si la defensa no la solicita, pero no le permiten defensor privado y los públicos no accionarán si no les dan el permiso para ello.
Aun sabiendo que no hay justificación para retenerlos allí. La Ley de Amnistía no aplica porque fueron explícitamente excluidos. La comisión para los casos en los que no procede la amnistía quiere aparentemente ayudar, pero “la instrucción” es que no se hable de esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Dejar que nuestros familiares se consuman en la cárcel sin razón? Ya basta de tanto abuso e injusticia, ellos tienen derecho a demostrar su inocencia.
6. N.E.: ¿Cuáles serán sus próximas acciones en esta lucha por la justicia?
M.H.: Seguir denunciando por todos los medios posibles esta arbitrariedad. Porque yo no puedo entender cómo nombran, por ejemplo, a Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo, cuando él fue presidente de PDVSA entre los años 2020 y 2023 —justamente el período cuestionado por presunta corrupción—, mientras tres choferes de un empresario que no formaron ni arte ni parte de PDVSA tienen tres años privados de su libertad injustamente. Mientras Hugo Cabezas, que tristemente entregó su vida y sacrificó cosas importantes como su familia por dedicar sus mejores años a un proceso, hoy está confinado a una cárcel sin pruebas y sin razón.
Esto que diré es mi opinión muy personal, nada tiene que ver Hugo con esto: como familia, a veces pienso que lo más difícil de todo para él y para muchos de ellos es tener que cargar en la espalda el peso de haber formado parte de un gobierno tan injusto, tan cruel, tan distante de lo que sé que alguna vez él quiso para el país.
Y como siempre digo, Dios a veces permite que ocurran cosas terribles solo para que volvamos a sus caminos. Si algo espero en todo este proceso es que Hugo y sus compañeros salgan transformados de ese lugar en seres humanos edificados en el amor de Dios, en el perdón y, evidentemente, más sabios de como entraron.
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