Padres y representantes del Colegio Clarisa Esté de Trejo, en San Fernando de Apure, manifestaron su rechazo ante la llegada de maquinaria pesada a la institución. Los denunciantes aseguran que estos equipos ingresaron para iniciar la construcción de un complejo habitacional en terrenos destinados originalmente a una cancha deportiva. Esta acción, presuntamente autorizada por la alcaldía, vulnera el derecho de los estudiantes a contar con espacios aptos para su formación integral y recreación física.
Alcaldía de San Fernando bajo cuestionamiento
La abogada Olimar Palacios, representante del plantel, calificó como arbitraria la decisión del alcalde Lisandro Solórzano. Según Palacios, la ejecución de este proyecto habitacional ignora la planificación educativa de una institución con más de 50 años de trayectoria. Los representantes sostienen que el municipio dispone de otros terrenos idóneos para viviendas sin necesidad de confiscar áreas escolares esenciales. La comunidad exige el cese inmediato de cualquier movimiento de tierra que comprometa el patrimonio del colegio.
Riesgos de salud y seguridad estudiantil
Además del conflicto territorial, la jurista advirtió sobre los riesgos ambientales y sanitarios que implica una obra de tal magnitud en horario escolar. El levantamiento de polvo y el ruido constante afectarían directamente la salud respiratoria y la concentración de los niños y adolescentes. Los padres enfatizaron que no existe un estudio de factibilidad pública que garantice la seguridad de los usuarios del plantel durante la construcción, lo que incrementa la zozobra en la comunidad educativa.
Llamado a la rectificación gubernamental
El grupo de representantes aclaró que no se opone al desarrollo de soluciones habitacionales en el estado Apure. Sin embargo, instan a las instancias gubernamentales a reubicar el proyecto en zonas que no afecten el derecho a la educación. Los manifestantes solicitan la optimización de los espacios actuales en beneficio del estudiantado y no su reducción. Esperan una respuesta oficial que priorice el bienestar de los jóvenes sobre intereses urbanísticos mal ejecutados.
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