
En una reveladora entrevista, Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), advirtió que el país atraviesa un momento crítico respecto a la controversia territorial con Guyana. Durante el programa “Agenda Común”, conducido por Vanessa Davies y José Gregorio Yépez, el internacionalista señaló que el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) avanza inexorablemente, a pesar de las posturas oficiales que intentan desconocer su jurisdicción. El experto enfatizó que la falta de una estrategia jurídica sólida y la politización del tema colocan a la nación en una posición de vulnerabilidad histórica.
Un proceso judicial que no se detiene
Ramírez explicó que la CIJ ya determinó su competencia sobre el caso en 2020, marcando un punto de inflexión que la diplomacia nacional no supo manejar con eficacia. Según el investigador, el juicio continúa su curso y la corte fijó plazos específicos para la presentación de argumentos sobre el fondo de la cuestión. Mientras Guyana ha mantenido una línea coherente respaldada por la Commonwealth y recientemente por intereses petroleros de Estados Unidos, el manejo venezolano se caracteriza por una opacidad que impide a los ciudadanos conocer los argumentos presentados en las memorias y réplicas.
El presidente del Covri manifestó su preocupación por el equipo jurídico que representa al país. Criticó abiertamente que la coordinación recaiga en especialistas en derecho penal y no en derecho internacional público. Además, calificó de “académicamente deshonestos” a los asesores españoles contratados, quienes, a su juicio, mantienen un discurso derrotista al sugerir que una sentencia adversa sería solo un “obstáculo más”. Para Ramírez, una decisión desfavorable de la CIJ confirmando el laudo de 1899 causaría un daño casi irreversible a la reclamación territorial en términos legales internacionales.
Geopolítica y debilidad institucional
El análisis del internacionalista también abordó el papel de los actores globales. Señaló que la posición de Estados Unidos viró desde la neutralidad hacia un apoyo explícito a la validez del laudo de 1899, impulsado por las masivas inversiones petroleras en aguas por delimitar. Mencionó que empresas como Chevron y Exxon tienen intereses en ambos países, pero la actual debilidad institucional de Venezuela limita su capacidad de maniobra. Según Ramírez, el país no ha logrado concretar proyectos energéticos estratégicos en la plataforma deltana que sirvieran de contrapeso a la avanzada guyanesa.
La falta de unidad nacional y transparencia es otro factor que debilita la posición venezolana. Ramírez recordó que desde 2015 ha solicitado un diálogo franco con expertos, el cual ha sido ignorado por quienes toman las decisiones. Criticó el uso instrumental del referéndum consultivo de 2023, asegurando que los actos internos no tienen impacto en el proceso internacional. La ausencia de consultas reales con la sociedad civil y especialistas ha dejado al país “a ciegas” frente a las audiencias orales que se celebrarán en mayo.
El futuro de la reclamación política
Ante el escenario de una posible sentencia negativa a finales de año, el experto vislumbra un panorama sombrío. Si se pierde el juicio, la reclamación solo podrá sostenerse en términos políticos, pero con el estigma de una sentencia definitiva e inapelable en contra. Guyana, fortalecida por el respaldo judicial, difícilmente accederá a negociaciones bilaterales satisfactorias en el corto plazo. Ramírez advirtió que la pérdida del territorio Esequibo no solo implica recursos naturales, sino que también pone en riesgo la salida soberana de Venezuela al Océano Atlántico.
Finalmente, Kenneth Ramírez hizo un llamado urgente a preparar con rigor las audiencias de mayo y a construir una verdadera unidad nacional. Instó a dejar de lado la retórica divisiva y a enfrentar la realidad jurídica con honestidad frente al país. La soberanía, concluyó, requiere de algo más que consignas; necesita una defensa técnica impecable y una estrategia de Estado que trascienda las coyunturas políticas actuales.
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