El 17 de diciembre de 2025, España amaneció con una noticia que copó portadas y timelines: el desalojo del antiguo instituto B9 en Badalona (Cataluña), considerado el mayor asentamiento de personas migrantes en la región. Durante más de dos años, este edificio abandonado —de titularidad municipal— había servido de refugio a hasta 400 personas, en su mayoría migrantes subsaharianos en situación irregular, convirtiéndose en un símbolo de la crisis habitacional y migratoria.
El operativo policial, ejecutado por los Mossos d’Esquadra con apoyo de la Guardia Urbana y la Policía Nacional, comenzó en las primeras horas de la mañana. Muchos ocupantes abandonaron el lugar voluntariamente en los días previos, ante la presión policial y la inminencia del desalojo, por lo que en el momento de la intervención quedaban alrededor de 200 personas dentro del recinto.
El desalojo se saldó con tensiones: hubo lanzamiento de objetos, cargas policiales y detenciones —entre 15 y 20 personas, la mayoría por infracciones a la Ley de Extranjería, y algunas con antecedentes—. El Ayuntamiento de Badalona, gobernado por el Partido Popular con Xavier García Albiol al frente, había solicitado la medida tras una orden judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Barcelona, emitida el 12 de diciembre. Los motivos: riesgos estructurales del edificio (que será demolido) y quejas vecinales por inseguridad y problemas de convivencia.
Albiol celebró públicamente la operación: “Tal y como me comprometí, empieza la desokupación de los 400 okupas ilegales del B9 en Badalona”. En comparecencia posterior, insistió en que el consistorio no gastará “ni un euro” en realojar a los desalojados y trasladó la responsabilidad al Gobierno central: “Que Pedro Sánchez les busque vivienda, ya que defiende acoger a todo el mundo”.
Por su parte, colectivos sociales y entidades como Badalona Acull denunciaron la falta de alternativas habitacionales, especialmente en pleno invierno. Manifestaciones de apoyo a los ocupantes recorrieron las calles cercanas, con lemas contra lo que calificaron de “política cruel e inhumana”.
Reflexiones finales: la polarización en X
El caso ha generado un intenso debate en X (antiguo Twitter), reflejando la división política en España. Muchos usuarios de izquierda critican duramente la operación por su falta de empatía: hablan de “vulneración de derechos humanos”, “expulsión a la calle en invierno” y señalan la hipocresía de dejar a personas vulnerables —algunas con trabajos precarios— sin techo. Figuras como Wyoming (en El Intermedio) pidieron “humanidad y empatía” a Albiol, recordando que “esos inmigrantes no son cosas, son personas”. Otros acusan al alcalde de usar el desalojo como “carnaza electoral” y al PP de racismo institucional.
En el otro lado, usuarios de derecha aplauden la medida como “necesaria para la seguridad y la legalidad”. Destacan el “perfil delictivo” de algunos ocupantes y critican a la izquierda por su “buenismo de sofá”: sarcásticamente, abren hilos ofreciendo listas para que los indignados acojan a los desalojados en sus casas, remarcando que “nadie se ofrece”. Frases como “Badalona no es refugio para la ilegalidad” o llamadas a “remigración” son comunes entre quienes apoyan a Albiol, quien goza de amplio respaldo local.
En resumen, X se ha convertido en un espejo de la polarización: unos ven en el desalojo una victoria del orden y la convivencia; otros, un fracaso colectivo en la gestión de la pobreza y la migración. El futuro de los desalojados permanece incierto, y el debate, lejos de cerrarse.
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