Manuel Finol, gerente de Amnistía Internacional (AI) en Venezuela, recuperó su libertad este jueves. Funcionarios militares lo retuvieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Esto ocurrió mientras él se preparaba para un viaje de trabajo. La ONG confirmó la noticia rápidamente a través de su cuenta en X.
“La liberación de Manuel Finol ha tenido lugar”, publicó la organización.
El mensaje también exigió la restitución de sus documentos. Amnistía Internacional reclama también su derecho al libre tránsito. Horas antes de la liberación, AI denunció la detención de Finol.
Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo detuvieron. Argumentaron que revisarían su teléfono y harían un “traslado”.
Diversas organizaciones celebraron su liberación. No obstante, condenaron estas acciones de las autoridades. Señalaron que el Estado utiliza la anulación de pasaportes.
Consideran esto una medida de represalia. La comunidad internacional debe vigilar estos patrones. Es crucial garantizar el trabajo de los activistas. Manuel Finol es un defensor vital. Su trabajo merece respeto y protección.
Exigen cese de la persecución contra defensores de Amnistía Internacional
El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) alertó sobre la situación.
Señalaron un patrón constante de persecución. Este patrón se dirige contra los defensores de derechos humanos en Venezuela. Esta situación de acoso parece no disminuir.
El Laboratorio de Paz, otra ONG venezolana, celebró la liberación del activista. Sin embargo, denunciaron el uso continuo de la anulación de pasaportes. Las autoridades emplean esta práctica como una forma de represalia. El activismo en el país se ve constantemente amenazado.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón también ofreció una declaración. Subrayaron que la liberación de Finol representa un paso importante.
No obstante, esto no debe desviar el foco principal. Existe una urgente necesidad de proteger a quienes defienden los derechos humanos. También es crucial salvaguardar el espacio de la sociedad civil en Venezuela.
Las acciones del Estado intimidan a las organizaciones. La comunidad internacional debe presionar para asegurar las garantías fundamentales. El trabajo de Amnistía Internacional y otras ONG es esencial para la democracia.
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