Familias estadounidenses han reactivado demandas contra Nicolás Maduro y su cúpula en tribunales de Estados Unidos, acusándolos de liderar un esquema criminal que combina narcoterrorismo, secuestro y tortura.
Los procesos, centrados en Miami y Nueva York, señalan al presidente venezolano como el jefe de un entramado que utiliza recursos del Estado para actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas con las Farc.
La Fiscalía de EE.UU. describe a Maduro como el líder del “cártel de los Soles”, una red que involucra a altos funcionarios, militares y empresas como Pdvsa.
Según las acusaciones, este grupo usó puertos y aeropuertos venezolanos para enviar cocaína a EE.UU. Las demandas, lideradas por las familias Kenemore, Marval y Jason Saad, detallan secuestros entre 2020 y 2023 como represalia por la detención de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro.
Demanda por secuestro y tortura en Florida
En Miami, las familias demandantes acusan a Maduro y su entorno de violar la Ley Antiterrorista Federal. Relatan que sufrieron secuestros de entre 123 y 643 días, con torturas físicas y psicológicas, como retaliación política.
Los señalados incluyen a Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Jorge y Delcy Rodríguez, y Vladimir Padrino López.
La demanda asegura que el “cártel de los Soles” usó a Pdvsa y su filial CVP para lavar dinero procedente del narcotráfico. Este caso expone cómo el régimen convirtió al Estado en una máquina criminal, utilizando el secuestro como herramienta de presión contra Washington.
Durante la administración Biden, estas acusaciones permanecieron en pausa por negociaciones políticas, pero ahora han resurgido con fuerza.
Narcoterrorismo bajo la lupa en Nueva York
En Nueva York, un macroproceso penal persigue a Maduro como cabeza del “cártel de los Soles”. La Fiscalía lo acusa de coordinar envíos masivos de cocaína hacia EE.UU., en alianza con las Farc.
Exmilitares como Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, quienes se declararon culpables, confirmaron que el régimen facilitó rutas y logística para el narcotráfico.
Carvajal admitió su colaboración con las Farc, mientras Alcalá reconoció haber provisto armas a la red criminal.
Estas confesiones refuerzan la idea de que el chavismo transformó al Estado en un engranaje del narcoterrorismo, utilizando instituciones para proteger y financiar sus operaciones ilícitas.
Despliegue militar y presión internacional
La ofensiva judicial coincide con el envío de tres destructores Aegis al Caribe, autorizado por el presidente Trump en agosto de 2025. Esta maniobra, la primera desde 2020, responde a la percepción del narcotráfico venezolano como una amenaza terrorista.
A diferencia de intentos previos de negociación con Maduro, esta acción refleja un enfoque más agresivo, combinando presión militar con acciones legales. El despliegue subraya la determinación de EE.UU. de enfrentar al régimen como una organización criminal transnacional, implicada no solo en narcotráfico, sino también en secuestro y tortura como tácticas de intimidación.
Cúpula chavista en la mira por secuestro
Las acusaciones nombran a figuras clave del chavismo. Diosdado Cabello, sancionado por el Departamento del Tesoro, aparece como operador principal del cártel, coordinando envíos de droga y protección a grupos armados.
Los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, según las demandas, facilitaron el lavado de dinero y blindaron al régimen con apoyo diplomático, incluyendo mediaciones de figuras como José Luis Rodríguez Zapatero.
Tareck El Aissami, exvicepresidente, también figura por usar Pdvsa para el narcotráfico, enfrentando cargos en Venezuela por traición y blanqueo.
Estas acusaciones exponen una red que combina poder político, militar y financiero para sostener un esquema criminal global.
Un futuro judicial incierto para Maduro
Los procesos en EE.UU. representan un desafío sin precedentes para Maduro y su entorno. Las demandas por secuestro y tortura, junto con las acusaciones de narcoterrorismo, buscan desmantelar la estructura criminal que, según los fiscales, convirtió a Venezuela en un “narcoestado”.
Aunque Maduro sigue en el poder, la presión judicial y militar de EE.UU. podría forzar rendiciones de cuentas. Las familias afectadas, respaldadas por pruebas y confesiones de exfuncionarios, exigen justicia por los abusos sufridos.
Con información del Diario Versión Final
Danos tu opinión sobre el tema en nuestro foro de DEBATES de Telegram:
También puedes leer en Punto de Corte:
Por
Por
