El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) lanzó un grito desesperado este jueves. Maykelis Jacqueline Borges Ortuño, con 34 semanas de embarazo, enfrenta una crisis médica estado presa. La ONG denunció en X que sufre hipertensión, baja hemoglobina e infecciones urinarias recurrentes. El temor es claro: el riesgo de preeclampsia amenaza su vida y la de su bebé, a semanas de nacer. CLIPP exige atención médica inmediata y su liberación. “¡Esto no puede seguir así!”, claman, mientras piden que Maykelis dé a luz en su hogar, con amor y cuidado, no entre rejas. La situación es crítica, y el tiempo apremia.
Una detención que indigna
Borges, presa el 29 de enero en Caracas, está en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, en Miranda. La arrestaron, según CLIPP, sin justificación clara, por ser pareja de Cristian Hernández, acusado de conspirar en el supuesto plan “Aurora”. La ONG asegura que su encarcelamiento es arbitrario. “Parir no es un delito, es un derecho”, enfatizan, con la voz rota por la impotencia. La falta de atención médica en prisión agrava todo. Su bebé merece nacer en un entorno seguro, no en el abandono institucional.
Un clamor por la vida
CLIPP no solo pide por Maykelis, sino por todas las presas políticas. Foro Penal reporta 940 presos políticos en Venezuela, 96 mujeres. El Gobierno insiste en que no hay detenidos por motivos políticos, solo por delitos comunes. Pero las ONG y opositores desmienten esto con vehemencia. “La maternidad no puede ser castigada”, insiste CLIPP, y su mensaje resuena como un eco de humanidad. La lucha por la libertad de Maykelis es también un grito por la justicia y la dignidad.
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