Amnistía Internacional (AI) y siete organizaciones de derechos humanos denuncian que el Gobierno de El Salvador, bajo Nayib Bukele, profundiza un patrón autoritario. Frente al descontento social, el régimen recurre a la fuerza excesiva, militarización indebida y criminalización de protestas. Estas acciones buscan sofocar demandas por mejores condiciones de vida y mayor responsabilidad estatal, restringiendo el espacio cívico.
AI destaca que, en mayo, el cierre de una vía clave desató protestas. Bukele ofreció transporte público gratuito por una semana, pero la medida, sin coordinación con transportistas, generó caos. Ante las quejas, el Gobierno ordenó detener a 16 transportistas, acusándolos de delitos sin pruebas claras. Uno falleció bajo custodia policial, en condiciones denunciadas como tortura, agravadas por el hacinamiento del régimen de excepción.
Represión de protestas: Uso abusivo de la fuerza
En otra protesta rural contra un desalojo, la Policía Militar, sin competencia legal, y la Unidad de Mantenimiento del Orden reprimieron a manifestantes. La intervención dejó agresiones físicas y detenciones arbitrarias, incluyendo al defensor Alejandro Henríquez y al pastor José Ángel Pérez. AI condena estas prácticas como autoritarias, que aumentan la tensión y erosionan la confianza en las instituciones.
Ley de Agentes Extranjeros: Ataque a la Sociedad Civil
Bukele, sin pruebas, acusó a ONG de manipular protestas y propuso una Ley de Agentes Extranjeros. Esta impone un impuesto del 30% a donaciones, buscando silenciar a organizaciones que denuncian abusos. Ana Piquer, de AI, alerta que la ley golpea a comunidades dependientes de la asistencia de ONG. Las organizaciones exigen liberar a detenidos, investigar la muerte del transportista y desistir de leyes que sancionen el trabajo de derechos humanos.
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