La Justicia Argentina ratificó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, quien gobernó entre 2019 y 2023, por un caso de violencia de género en el que figura su expareja Fabiola Yáñez como denunciante. La decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional acerca a Fernández a un posible juicio oral. Esta sentencia marca un precedente significativo en la historia política del país, ya que es la primera vez que un expresidente enfrenta un proceso judicial por este tipo de delitos.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron la resolución previamente emitida por el juez Julián Ercolini, quien había procesado a Fernández el 17 de febrero. El fallo indica que entre 2016 y agosto de 2024, el exmandatario habría ejercido violencia física y psicológica contra Yáñez, aprovechándose de la desigualdad de poder en su relación. Por su parte, el juez Boico se pronunció en contra de esta decisión. La sentencia implica que Fernández enfrenta acusaciones de lesiones leves y graves, además de amenazas coactivas.
Violencia de género un contexto preocupante
El tribunal subrayó que Fernández se habría beneficiado de la vulnerabilidad de Yáñez, quien se encontraba en una situación de desventaja durante su vínculo. Según los jueces, el expresidente usó su poder para ejercer violencia y control sobre ella, incluyendo episodios de aislamiento forzado en la residencia presidencial. Irurzun destacó que se documentaron diversas formas de abuso, ilustrando la gravedad de la situación.
El juez Ercolini argumentó que la influencia pública y el poder simbólico de Fernández contribuyeron a la dinámica de abuso. En su fallo, se describieron casos específicos de violencia psicológica, como acoso, insultos y agresiones físicas repetidas. La defensa de Fernández, liderada por Silvina Carreira, argumentó que el exjefe de Estado nunca limitó la libertad de Yáñez y, por el contrario, fue objeto de maltrato.
Un caso que cambia paradigmas
Con este fallo, Alberto Fernández se convierte en el primer expresidente argentino en ser procesado por violencia de género, un hecho que podría tener consecuencias significativas en la percepción pública sobre el abuso en relaciones de poder. Si es hallado culpable, podría enfrentar penas de prisión que van de 3 a 18 años. Este caso resalta la importancia de abordar la violencia de género en todos los ámbitos, incluidos los niveles más altos del gobierno.
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