La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) demandó este 23 de marzo atención médica urgente para Emirlendris Benítez, presa política en el INOF.
La organización alertó que su estado de salud empeora tras años de encierro. Detenida desde el 5 de agosto de 2018 junto a su pareja Yolmer Escalona, enfrenta cargos por un supuesto intento de magnicidio con drones en Caracas.
JEP denunció que, pese a una visita del SENAMECF, las autoridades niegan permisos para exámenes médicos esenciales. Su deterioro físico, afirmaron, refleja una crisis humanitaria que exige acción inmediata.
Salud de Benítez en riesgo por negligencia
Melanie Leal, hermana de Emirlendris, expuso en noviembre de 2024, durante un evento en la UCV, los horrores que vivió la presa.
Relató torturas en el Servicio de Inteligencia en Boleíta, como la extracción de uñas de los pies. El encierro prolongado, añadió, le provocó males nuevos, incluida una hernia que limita su movilidad.
JEP insistió en que el Estado debe garantizarle terapias y cuidados sin demora. “La salud de los presos políticos no admite excepciones”, subrayaron en X, reclamando justicia y respeto a sus derechos.
Presa política simboliza una lucha mayor
Foro Penal reportó el 21 de febrero de 2025 que 121 mujeres permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela.
El caso de Benítez, condenada a 30 años pese a su presunta inocencia, resuena dentro y fuera del país.
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