
Han pasado once meses desde que el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas permanece detenido en el Helicoide, una cárcel venezolana conocida por sus duras condiciones.
Este 15 de marzo de 2025 marca un nuevo capítulo en su caso, iniciado el 15 de abril de 2024, cuando fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro lo capturaron.
Lo acusan de un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, un cargo que sus allegados y colegas rechazan tajantemente.
Rojas, reconocido por denunciar injusticias sociales y las penurias de los venezolanos, no ha enfrentado un juicio justo.
Su familia, el gremio periodístico y organizaciones de derechos humanos alzan la voz para exigir su liberación inmediata, destacando la arbitrariedad de su arresto y el deterioro de su salud tras casi un año en cautiverio.
Francy Fernández, esposa del comunicador, expresó su dolor ante la situación.
“Carlos Julio es un hombre honesto que ha luchado por causas justas, por su comunidad y por su gremio”, afirmó con firmeza.
Ella clama por justicia y apoyo para devolverle la libertad a quien considera un preso de conciencia.
Organismos internacionales piden justicia para Carlos Julio Rojas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en enero otorgando medidas cautelares a Rojas. El organismo determinó que el periodista enfrenta un riesgo grave e inminente de daño irreparable a sus derechos.
Asimismo, Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó preocupación por el incremento de amenazas y arrestos contra periodistas y críticos en Venezuela, mencionando específicamente el caso de Rojas. Estas declaraciones refuerzan la urgencia de atender su situación y la de otros presos de conciencia.
Amnistía Internacional y el gremio exigen liberación de Rojas
Amnistía Internacional lanzó el pasado 26 de febrero una Acción Urgente reclamando la libertad de Rojas y garantías para los detenidos bajo custodia estatal.
Provea, organización venezolana, respaldó esta iniciativa, afirmando que el periodismo es un derecho legítimo que no debe ser reprimido.
El Colegio Nacional de Periodistas también se sumó, exigiendo la liberación de Rojas y otros colegas.
Su abogado, Eduardo Torres, denunció obstáculos al debido proceso, como la imposición de una defensa pública que impide avances en el caso.
Nota de Prensa
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