La ONG Provea denunció este domingo 2 de marzo que el salario mínimo en Venezuela permanece estancado en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 2 dólares, desde 2022. En un mensaje en X, la organización criticó al gobierno de Nicolás Maduro por no ajustar este ingreso en tres años. Señaló que los empleados públicos reciben bonificaciones de hasta 130 dólares, pero estas carecen de impacto laboral y no alcanzan para cubrir la canasta básica, agravando la crisis familiar.
Provea afirmó que el régimen sustituyó el salario con una “agresiva bonificación” para justificar la pérdida de derechos laborales. “El ahorro de las familias se derrumba, mientras el gobierno impone una narrativa que despoja conquistas”, expresó la ONG. Acusó a Maduro de desmantelar la negociación colectiva, un derecho respaldado por el Convenio 154 de la OIT, y de establecer un modelo económico opaco que reprime a los trabajadores y prioriza el control estatal sobre las necesidades populares.
Salario Mínimo: Una crisis silenciada
La organización destacó que Maduro abandonó el concepto de salario digno y debilitó las instituciones laborales. Expertos en economía advierten que Venezuela enfrenta severas limitaciones para elevar el salario mínimo a 200 dólares, como piden los sindicatos, debido al colapso económico y el peso que implicaría para el gasto público. En X, usuarios como @EcoAnalisis coinciden: “El país no genera ingresos para sostener ese ajuste”.
Impacto en los trabajadores
Provea subrayó que este estancamiento profundiza la precariedad de millones de venezolanos. Las bonificaciones, aunque ofrecen un alivio temporal, no compensan la inflación ni garantizan estabilidad. La denuncia reaviva el debate sobre los derechos laborales en un país donde el régimen enfrenta críticas crecientes por su manejo económico y represión social.
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