Desde el 7 de enero, familiares, compañeros de trabajo, colegas, activistas y alumnos de Carlos Correa desconocían su paradero. Ese día, el periodista, defensor de derechos humanos y director de la ONG Espacio Público fue interceptado y detenido en el centro de Caracas por presuntos funcionarios de seguridad con pasamontañas. Su esposa, Mabel Calderín, junto con integrantes de distintas ONG, visitaron varias sedes de inteligencia en Caracas sin obtener información sobre su localización.
Desapariciones forzadas: Caso Carlos Correa
La desaparición forzada es un delito severamente castigado globalmente porque atenta contra la libertad personal y el ejercicio de derechos, según Zair Mundaray, exdirector de actuación procesal del Ministerio Público. Transcurridos ocho días de búsqueda y solicitudes de información, incluyendo un recurso de Habeas Corpus negado, el fiscal 52 confirmó a Calderín que Correa había sido presentado ante un tribunal de control con competencia en terrorismo el 9 de enero, sin acceso a defensa privada. Sin embargo, el fiscal no reveló los delitos imputados ni el lugar de reclusión.
Excarcelación y libertad condicional
La madrugada del 16 de enero, Carlos Correa fue liberado con medidas cautelares, aunque había sido víctima de una desaparición forzada. Marino Alvarado, de Provea, explica que esta práctica se usa para generar miedo en la sociedad venezolana, convirtiéndose en una herramienta común de represión contra líderes sociales y defensores de derechos humanos bajo el pretexto de combatir el terrorismo.
Crimen convertido en norma
Zair Mundaray señala que Venezuela está sujeta a la Convención contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y que el Código Penal venezolano establece penas severas para estos actos. Sin embargo, la práctica se ha normalizado en el contexto de detenciones políticas, donde agentes estatales ocultan el paradero de los detenidos, incluso negando su custodia. Esto va en contra de las garantías constitucionales y legales como la presentación ante un tribunal en 48 horas, asistencia legal, y comunicación familiar.
Patrón de desapariciones forzadas en Venezuela
Mundaray describe un patrón en Venezuela donde los cuerpos de seguridad no dan información sobre el paradero de los detenidos, y los fiscales presentan a las víctimas fuera del tiempo legal, con jueces que avalan el proceso con actas falsas. Este entramado permite la existencia de centros de tortura clandestinos, según documentaciones.
Casos registrados en 2025
El caso de Carlos Correa no es aislado. Entre otros casos de desapariciones forzadas en 2025 están:
- Enrique Márquez, detenido el 7 de enero, sin información sobre su paradero, vinculado a “planes conspirativos”.
- Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, secuestrado el mismo día que llevaba a sus hijos a la escuela.
- Ángel Godoy, detenido el 8 de enero, con su familia pidiendo pruebas de vida.
- Julio Balza, miembro del equipo de prensa de María Corina Machado, detenido tras una concentración el 9 de enero.
- Noel Álvarez, expresidente de Fedecámaras, detenido el 10 de enero, con su hija denunciando falta de información.
- Enderson Rivas, dirigente de Voluntad Popular en Yaracuy, también detenido el 10 de enero, con su paradero desconocido.
Estos casos, junto con otros documentados por la ONU, reflejan una tendencia preocupante en Venezuela, donde las desapariciones forzadas, junto con detenciones arbitrarias y torturas, forman parte de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.
Con información de El Pitazo
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