El fiscal de Maduro, Tarek William Saab, reconoció en una entrevista con el diario Clarín que el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido desde el 8 de diciembre, no ha tenido acceso a un abogado de su confianza y sigue incomunicado.
Detención arbitraria de Nahuel Gallo
Saab se negó a revelar la ubicación exacta de Gallo. Menciona que se encuentra en Caracas, y que esta información es “reservada” por la naturaleza de los delitos que se le imputan. Después de más de 20 días, el gendarme no ha podido contar con la defensa legal que él elija. “Él está recibiendo asistencia pública. Todo ciudadano recibe asistencia jurídica pública”, afirmó Saab, sin dar detalles sobre el proceso judicial o el juez a cargo.
Incomunicación y violación de derechos
El fiscal justificó la falta de comunicación con la familia de Gallo y su aislamiento alegando la gravedad de los delitos por los que está siendo investigado. Esta situación ha levantado críticas sobre violaciones al debido proceso. El artículo 49 de la Constitución venezolana garantiza la defensa y asistencia jurídica como derechos inviolables, además de asegurar el conocimiento de los cargos, acceso a las pruebas y tiempo para la defensa.
También, según el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, todo detenido tiene derecho a comunicarse con familiares y a tener asistencia legal desde el inicio de la investigación. La omisión de estos derechos podría invalidar las pruebas obtenidas, como se estipula en la legislación venezolana.
Estas declaraciones y la situación de Nahuel Gallo han sido ampliamente discutidas en medios de comunicación confiables en X, destacando las preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en Venezuela.
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