En un movimiento que ha generado controversia y críticas internacionales, el Parlamento de Nicaragua, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó este viernes un conjunto de reformas constitucionales enviadas por el presidente Daniel Ortega. Estas reformas aumentan significativamente el control del Ejecutivo sobre otros poderes del Estado, los medios de comunicación y la duración del mandato presidencial.
Las reformas, propuestas con urgencia, fueron respaldadas en la primera de dos lecturas legislativas necesarias para su ratificación, con la mayoría de votos de la bancada sandinista. Según la Constitución de Nicaragua, es necesario que las enmiendas sean aprobadas en dos legislaturas antes de entrar en vigor. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha indicado que la segunda aprobación podría darse en enero de 2025, lo que permitiría la entrada en vigor de las reformas.
Modificaciones constitucionales en Nicaragua más destacadas
Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la creación de los roles de “copresidente” y “copresidenta”, lo que se interpreta como una formalización del poder compartido entre Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Además, el mandato del presidente y de los diputados se extiende de cinco a seis años, un cambio que podría permitir a Ortega, de 79 años, permanecer en el poder por más tiempo.
La reforma también incluye medidas para controlar los medios de comunicación, prohibiendo su sometimiento a intereses extranjeros y la difusión de “noticias falsas”, algo que ya está penalizado por la “Ley de Ciberdelitos” de 2020. La oposición ha denunciado que estas enmiendas buscan consolidar una dictadura, permitiendo a Ortega y Murillo ejercer un control total sobre el país.
Poder para intervenir el Ejército
Además de fortalecer la figura del Estado como “revolucionario”, las reformas otorgan a la Presidencia la facultad de ordenar la intervención del Ejército para apoyar a la Policía Nacional en situaciones de inestabilidad, y permiten a las fuerzas de seguridad ocupar temporalmente cargos en el Ejecutivo. Se formaliza también la Policía Voluntaria, una fuerza creada en respuesta a las protestas de 2018, que estuvo involucrada en la represión de estas manifestaciones.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha criticado estas reformas, acusando a Ortega y Murillo de intentar perpetuarse en el poder a través de un control absoluto del Estado.
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