
La huelga de hambre que 27 militares iniciaron en el Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro llegó a su fin después de un día, tras la intervención del General de División de la FANB, Luis Ojeda. Este evento, que tuvo lugar entre el 21 y el 22 de octubre, culminó cuando el General se comprometió a mejorar las condiciones de vida de los reclusos, especialmente en lo referente a la calidad de la alimentación.
Durante su visita, el General Ojeda se enteró de que la dieta de los detenidos carecía de proteínas, grasas, lípidos y frutas esenciales, comprobando personalmente que el menú no cumplía con las necesidades calóricas básicas. Además de la alimentación, Ojeda prometió solucionar la falta de electricidad en las instalaciones y garantizar el suministro continuo de agua potable, lo cual ha sido una fuente de enfermedades entre los presos debido al consumo de agua contaminada.
Las otras demandas de los militares presos que esperan se cumplan
Los familiares de los reclusos informaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sobre la solicitud de los detenidos para permitirles ingresar una cocina, con el objetivo de que sus familias pudieran suministrarles alimentos adicionales. También se pidieron ventiladores para mitigar el calor extremo en las celdas.
Una de las demandas más urgentes fue la reubicación de 72 presos civiles, incluidos 52 procedentes de las cárceles de Tocuyito y Tocorón, y 20 de Barinas. Aunque el General Ojeda se mostró dispuesto a gestionar su traslado, aclaró que estas decisiones dependen del Ministerio de Servicio Penitenciario.
La situación de los presos civiles es crítica; según los familiares, están “abandonados a su suerte”, con restricciones severas en sus visitas y comunicación. Además, la forma en que reciben la comida se ha descrito como inhumana, lanzada a través del techo de sus celdas.
Sobre la tortura
Otra preocupación es la tortura psicológica que sufren los reclusos, quienes no pueden dormir debido a la música a todo volumen y la iluminación constante instalada por la Guardia Nacional, bajo las órdenes del mayor Abad Zambrano. Aunque estas prácticas no fueron parte de las peticiones al General Ojeda, los familiares han solicitado su cese, calificándolas de violaciones a los derechos humanos.
Desde el OVP, se subraya que estas condiciones no cumplen con los estándares internacionales y que constituyen una violación clara de los derechos humanos, incumpliendo con lo estipulado en la Constitución Venezolana. Se ha informado a organismos internacionales sobre estas violaciones, buscando una intervención para mejorar las condiciones carcelarias y asegurar el respeto a los derechos de los privados de libertad.
Con nota de prensa del Observatorio Venezolano de Prisiones
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